El DOUE de 12 de septiembre publica una referencia al Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 21/2022 «La evaluación efectuada por la Comisión de los planes nacionales de recuperación y resiliencia – es adecuada en general, pero persisten los riesgos en la ejecución».

Dicho informe tiene 81 páginas y está disponible en español. Este comentario se basa en el comunicado de prensa en este idioma.

Los auditores de la UE identifican riesgos para la aplicación eficaz de los planes nacionales de recuperación y resiliencia

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se creó en 2021 para mitigar las repercusiones económicas y sociales de la pandemia de COVID-19. Para recibir una parte de los más de 700.000 millones de euros de apoyo financiero de la UE disponibles en el marco de dicho mecanismo, los Estados miembros tienen que presentar planes nacionales de recuperación y resiliencia (PNRR), que son examinados por la Comisión Europea (CE). Según el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), la evaluación de la CE es adecuada en general, pero siguen existiendo riesgos para la aplicación eficaz de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, como la falta de claridad de algunos hitos y objetivos.

Los auditores examinaron el proceso de la CE para evaluar los PNRR y las orientaciones dirigidas a los Estados miembros en este contexto. En el caso de seis Estados miembros (Alemania, Grecia, España, Francia, Croacia e Italia), los auditores verificaron también si la evaluación de la CE garantizaba el cumplimiento de las condiciones del mecanismo.

Constataron que, en general, la evaluación era adecuada. Las evaluaciones de la CE se basaron en exhaustivas directrices internas y listas de comprobación, pero los evaluadores no las utilizaron de manera sistemática ni uniforme para la evaluación cualitativa, por lo que en ocasiones era difícil dar seguimiento a la evaluación.

Según los auditores, es probable que los PNRR contribuyan a los ámbitos políticos que atañen al mecanismo, pero el alcance de sus contribuciones varía, y todavía queda por ver su impacto en la práctica. De manera similar a las conclusiones de la CE en su propia evaluación, los auditores constataron que no es probable que ninguna medida de la muestra de auditoría produzca un daño significativo al medio ambiente. Sin embargo, no se han incluido sistemáticamente las medidas para reducir el impacto medioambiental como hitos u objetivos en los PNRR.

Los auditores hallaron que la evaluación de la CE mejoró la calidad de los hitos y objetivos. No obstante, algunos no eran suficientemente claros, no abarcaban etapas clave de la ejecución, y los Estados miembros no siempre aplicaban un enfoque armonizado. La evaluación de los costes estimados efectuada por la CE señalaba una falta de información para determinadas medidas. También reflejaba el hecho de que los perfiles de desembolso se obtuvieron a raíz de una negociación, en lugar de basarse en los costes subyacentes.

Por otra parte, los auditores examinaron si la evaluación de la CE garantizaba que los PNRR abordaban la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país formuladas en el contexto del Semestre Europeo (ciclo de coordinación de políticas económicas, fiscales, laborales y sociales de la UE). Los auditores constataron que no está definida la evaluación de lo que constituye un «parte significativa» de las recomendaciones específicas por país y, por tanto, mantiene un carácter en cierta medida discrecional, especialmente en los casos en que la CE identificó lagunas. Los auditores también observaron que algunos aspectos importantes de las recomendaciones específicas por país siguen sin atenderse en los Estados miembros de la muestra.

Información de referencia

En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó la constitución de un fondo de recuperación de más de 800.000 millones de euros: el Instrumento Europeo de Recuperación (NextGenerationEU). Su elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuya dotación asciende a un total de 723.800 millones de euros (a precios corrientes). Esta auditoría es la primera de una serie dedicada a dicho mecanismo, una de las prioridades del TCE para abordar la respuesta de la UE a la pandemia de COVID-19 desde varias perspectivas políticas, tales como la gobernanza económica.