La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, declara en el Congreso que asume que las empresas energéticas y financieras intentarán frenar judicialmente los nuevos impuestos impulsados por PSOE y Unidas Podemos para gravar los ingresos extraordinarios que reciban durante esta crisis por el alza de los precios y de los tipos de interés, pero que confía en la seguridad jurídica de estos tributos.

«O mucho me equivoco, o van a intentar presentar recurso contra todo aquello que merme sus cuentas de resultados. Lo harán con las figuras procedentes del consenso europeo y con las que puedan establecer los Estados miembros», señala.

Pero expresa su confianza en el diseño legal de estos tributos, que el martes 13 de septiembre logró su admisión a trámite en el Congreso.

El plan europeo, «motivo de orgullo»

La vicepresidenta 3ª del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea de una tasa a los beneficios extraordinarios de las energéticas es «motivo de satisfacción y orgullo».

Aunque hubiera deseado tener esta respuesta «hace un año», celebra que el plan anunciado contempla «intervenir de una manera sin precedentes» en la regulación energética y la conclusión de que «los europeos necesitan ayuda y apoyo procedente de contribuciones razonablemente distribuidas de las grandes empresas europeas».

En todo caso, asume que es necesario «acabar de afinar las medidas concretas que se proponen» en futuras reuniones entre los Estados miembros y «ver la letra pequeña» de cómo se llevan a cabo en cada Estado.

María Jesús Montero también celebra que la Comisión Europea «esté trabajando en la línea y las medidas» del Gobierno español. «Lo importante es la voluntad política de que la mayor recaudación que puedan aportar permita financiar parte de las medida que van dirigidas a proteger a la clase media y trabajadora», subraya.