El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley de Creación y Crecimiento Empresas (“Crea y Crece”) dirigida a facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión.

La Ley Crea y Crece es una de las principales reformas del Plan de Recuperación dirigida a fomentar el dinamismo del tejido productivo y da respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales. La norma ha contado con un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados, fruto del intenso diálogo y colaboración parlamentaria, con las Comunidades Autónomas y todos los actores económicos, que ha permitido la incorporación de mejoras durante su tramitación.

Con la nueva norma se impulsa la creación de empresas y facilita su crecimiento y expansión, especialmente de las pymes, poniéndolas en el centro de la política económica. La mejora en el proceso de crecimiento empresarial es esencial, según la evidencia reciente, para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización, elementos fundamentales para incrementar la competitividad de las empresas e impulsar el crecimiento económico.

Con este objetivo, la ley reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento a través de la mejora regulatoria, generaliza el uso de la factura electrónica, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.

Crear una empresa será más fácil y más rápido

La Ley Crea y Crece facilita la creación de una empresa, al reducir el coste económico y simplificar los trámites para su constitución.

Con este objetivo, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, frente al mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta el momento, permitiendo a las empresas utilizar estos recursos en usos alternativo y facilitando la creación de nuevos negocios.

De esta forma, España se alinea con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento.

Asimismo, se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.

Se mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.

Se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.

También se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.

Medidas para luchar contra la morosidad

​La norma incluye también medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las causas que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, con particular incidencia en las pymes.

Para ello, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

Se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.

Finalmente, se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Entre sus actuaciones se incluye la publicación de un listado anual de empresas morosas (personas jurídicas que no paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros).

También se incluye en la Ley de Sociedades de capital y la Ley de Morosidad la obligación de que las empresas grandes indiquen en sus memorias anuales el periodo medio de pago a sus proveedores o el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad.

Refuerzo de la financiación

La norma incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del crowdfunding, la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de 2 a 5 millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas, que pasan a ser el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza.

Se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

Por último, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.

En relación con las Instituciones de Inversión Colectiva, se elimina el carácter obligatorio del informe trimestral, se establecen los medios telemáticos como medio de comunicación por defecto y se flexibiliza el régimen de diversificación de inversiones de las entidades de capital riesgo.

Aplauso de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebra la aprobación definitiva n el Congreso de los Diputados de la Ley de Crecimiento y Creación de Empresas, “una de las más relevantes en los últimos años, que ha de guiarnos y contribuir a la recuperación de nuestro país”, subraya su presidente, Antoni Cañete.

En su opinión, «la Ley Crea y Crece es un buen punto de salida, con un compromiso expreso de seguir mejorando las acciones en la lucha contra la morosidad». Explica que la Plataforma luchó para que «ciertas enmiendas contraproducentes no salieran adelante, como la que pretendía contar la fecha de facturación como el inicio del cómputo del plazo legal de pago, en vez de la fecha de entrega del bien o prestación del servicio como establece la Directiva Europea”.

La Plataforma también aplaude el anuncio de  Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre la revisión de la Directiva Europea sobre morosidad, «sencillamente porque no es justo que una de cada cuatro quiebras se deba a las facturas impagadas; para millones de empresas familiares, esta revisión será un balón de oxígeno en tiempos turbulentos», subraya Antoni Cañete.

«El camino para vencer la morosidad pasa por tomar acciones decisivas. En esta línea, lo último que nos quedaría pendiente de conseguir para acabar definitivamente con la lacra de la morosidad es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas, más si cabe con la tormenta económica que se avecina”, sentencia el presidente de la Plataforma, que reclama ajustar la Ley de Ordenación del Comercio Minorista a la Ley de Morosidad, para acabar con el pacto entre las partes en cuanto a aplazamiento de pagos se refiere.

«La Ley Crea y Crece trae consigo mejoras sustanciales en la lucha contra la morosidad. Además de la obligatoriedad de los contratistas a pagar a los subcontratistas los intereses de demora y costes, también encontramos que de ahora en adelante los contratistas deberán acreditar en sus certificaciones de obra que los pagos realizados hasta la fecha a sus subcontratistas se ajustan a los plazos de pago legales; que el plazo de adaptación de pymes y autónomos para adecuar sus sistemas a la factura electrónica; que para que las empresas grandes puedan acceder a subvenciones tendrán ahora que acreditar —mediante certificación— que pagan en plazo a sus proveedores; que dentro del Consejo Estatal de la Pyme se incluyan a representantes de asociaciones especializadas en el ámbito de la morosidad; y que el futuro Observatorio de la Morosidad publique una lista de grandes morosos», señala la Plataforma, que reclama que este Observatorio sea “independiente para dar transparencia y rigor”.