Las Administraciones Públicas pisaron el acelerador en la adjudicación de contratos públicos en el segundo trimestre del año. De abril a junio cerca de 4.000 millones de euros —el doble que el año pasado— fueron comprometidos por los ayuntamientos, el gobierno central y los autonómicos.

Los 4.000 millones adjudicados se dedicaron a ocho sectores, como son limpieza viaria y de edificios, construcción, jardinería, mantenimiento, seguridad privada, atención domiciliaria y recogida de residuos, informa el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Buena parte de estas competencias recaen en los ayuntamientos. Y así lo reflejan las cifras recogidas en el informe. Los entes locales licitaron dos tercios del total de los 4.670 contratos adjudicados en el período, con un importe cercano a 1.740 millones, el 43% del total.

Le sigue el Gobierno central, con 1.200 millones adjudicados en 800 licitaciones aproximadamente. Y, por último, los entes autonómicos, con 700 licitaciones y 1.000 millones adjudicados.

Ahorro de 585 millones de euros

Las cifras de licitación, que reflejan una fuerte reactivación respecto a 2020, el primer año de pandemia en que permaneció casi paralizada, indican además el ahorro producido por la diferencia entre el precio de ‘salida’ en los pliegos de condiciones y las ofertas ganadoras.

Un ahorro de más de 585 millones de euros, según este Observatorio Sectorial de la Contratación Pública que elabora CCOO del Hábitat.

Sin embargo, el sindicato lamenta que las Administraciones no aplique “sanciones coercitivas” contra las empresas que incumplen derechos laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias. Y pide que, a la hora de otorgar un contrato, se tengan más en cuenta criterios como el bienestar de las plantillas y el respeto medioambiental, y no solo criterios económicos.

De hecho, el Observatorio, que cumple ahora tres años, nació para denunciar el alejamiento entre la realidad y las pretensiones recogidas en la Ley de contratos públicos de 2017, que apostaban por potenciar criterios de respeto laboral y medioambiental, y no únicamente la oferta más baja.

Por este motivo el sindicato traduce el ‘ahorro’ en las licitaciones en el número de salarios que podrían pagarse con estas cantidades. Así, las rebajas de precio durante este trimestre permitirían pagar el salario mínimo a unos 42.000 trabajadores a jornada completa durante todo un año, estima el sindicato.

“Esta equivalencia permite visibilizar el alto impacto que ocasionan los criterios económicos y las repercusiones que frecuentemente padecen los trabajadores de las empresas adjudicatarias de contratos públicos”, concluye.