La Comisión Europea ha propuesto este lunes crear un protocolo legal que permita a los países miembros, en conjunto o de forma individual, asegurarse el suministro de bienes que sean considerados esenciales y en especial en etapas de dificultades. La experiencia que acumula la Unión Europea en los últimos años, tanto por la crisis ligada a la pandemia como ahora por la invasión de Ucrania por Rusia, está detrás de este proyecto.

Con este instrumento en manos de la CE y de los naciones que forman parte del club comunitario, los Ejecutivos podrán exigir a empresas y otras entidades que den prioridad a la entrega de determinados productos a los Estados, así como a los operadores que elijan los Gobiernos, para que se creen reservas estratégicas.

En el trasfondo de estas medidas se encentra la historia reciente, como fue el episodio de la falta de mascarillas en las primeras etapas del Covid-19 y el desorden en el reparto de las vacunas. La desorganización conllevó la especulación de bienes sanitarios esenciales y que cada Gobierno actuara en solitario. Fue entonces, ante el temor el caos creado, cuando Bruselas actuó y consiguió controlar la exportación y comercialización de los productos más esenciales. Con los instrumentos que ahora se quieren aprobar e implementar se intenta evitar el periodo de falta de coordinación  por las actuaciones unilaterales.

«En las crisis de los últimos años hemos trabajado duro para preservar el mercado único, mantener abiertas las fronteras y cadenas de suministros», ha señalado el comisario europeo de Industria y Mercado Único, Thierry Breton.. Si bien ha añadido que el objetivo del plan es asegurarse en el futuro la disponibilidad de productos y servicios básicos, «y estar mejor preparados para anticipar y responder a la próxima crisis».

La propuesta para atajar las crisis de suministro se desarrollará en varias fases, de modo que cuando se pueda actuar de forma casi preventiva. Cuando se detecte un problema en la cadena de suministro, las autoridades de la Comisión estarán capacitadas para poner en marcha el «modo de vigilancia». A partir de ahí, pedirían a los Gobiernos supervisar las cadenas de suministros de bienes y servicios identificados como estratégicamente importantes y crear reservas.