El sindicato CSIF ha lanzado hoy una advertencia al Gobierno ante la falta de avances de la negociación salarial de los empleados públicos. La central, que ha convocado una manifestación el próximo sábado en Madrid, recuerda que la actualización debe incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año próximo. Y que estos deben presentarse ante el Congreso “al menos tres meses antes” de que expiren las actuales cuentas del Estado.

De este modo, la central sindical lanza un ultimátum al Gobierno al que advierte de que “a Hacienda le quedan menos de dos semanas para activar y cerrar la negociación colectiva”.

El sindicato demanda al ministerio que dirige María Jesús Montero la apertura de la negociación que conduzca a una subida salarial que ayude a capear el impacto de la inflación sobre el bolsillo de los trabajadores públicos.

Una petición que ha llevado a CSIF a convocar una manifestación en Madrid el próximo sábado, 24 de septiembre, para la cual la central fletará autobuses gratis desde todos los puntos del país, con la idea de que se refleje el descontento popular por el “empobrecimiento social” a que ha conducido, a su parecer, la ineficacia de las medidas del Gobierno.

Con una inflación superior al 10%, CSIF reclama recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores públicos, que cifran en un 20% adicional desde la crisis de 2008 y la política de recortes. Y critica el “silencio” y la “desconsideración” por parte del ministerio de Hacienda, lo que les ha llevado a escribir una queja al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

CCOO amenaza con la huelga

Las presiones de CSIF no son las únicas a que se sometido el Gobierno para elevar el sueldo de los funcionarios en una cantidad estimable comparada con la inflación.

La semana pasada Comisiones Obreras (CCOO) amenazó al Ejecutivo con convocar “huelgas” de trabajadores públicos en caso de que se mantenga paralizada la negociación con los sindicatos del sector público.

CCOO no reclama en el sector público subidas equiparables a la inflación anual, como hace en el sector privado. En este caso, se trata de una petición que se cargaría en las cuentas públicas, y no en las cuentas de beneficios de las empresas, circunstancia que lleva al sindicato a moderar sus exigencias salariales a la Administración.