El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisa en su intervención en el Foro Joly Andalucía que el panorama económico se ha «ensombrecido recientemente por la escalada del conflicto energético» con Rusia.

El episodio inflacionista «va a ser más intenso y duradero», y las perspectivas de crecimiento económico en la Eurozona se siguen deteriorando.

Los indicadores marcan un «claro deterioro económico», según se desvanecen los efectos de la plena reapertura de las economías tras la pandemia. Además, las presiones inflacionistas resultan más fuertes de lo esperado y se amplían por partidas de gasto, acentuando la pérdida de poder adquisitivo.

Es de esperar que los efectos de la reapertura se diluyan y que la economía «se frene a corto plazo» ante las pérdidas de poder adquisitivo de los hogares, la crisis energética, el debilitamiento de la demanda global, el endurecimiento de las condiciones financieras como resultado de la normalización de la política monetaria y el contexto de notable incertidumbre tanto en el plano económico como geopolítico.

Por todo ello, el gobernador del Banco de España  ha insistido en la necesidad de abordar en el marco del diálogo social un pacto de rentas entre empresas y trabajadores para compartir la inevitable merma de renta nacional que implica el aumento de los precios de las importaciones de materias primas.

El comportamiento de los márgenes empresariales y los salarios resulta fundamental para evitar una retroalimentación que acabe generando una espiral inflacionista. «En la medida en que perdure la alta inflación actual, aumenta la probabilidad de que se produzcan estos efectos de segunda ronda», avisa el gobernador.

En un escenario adverso, las políticas económicas deben jugar un papel fundamental a través del pacto de rentas, el apoyo selectivo a los más vulnerables, unas políticas de oferta decididas, el compromiso firme con la sostenibilidad fiscal y el refuerzo del proyecto europeo.

Pablo Hernández de Cos aboga por centrar los esfuerzos en el apoyo a los hogares de rentas más bajas, que son los que más padecen el impacto de la inflación, y a las empresas más vulnerables a esta nueva perturbación. Y las medidas que se implementen deben tener una naturaleza temporal, para no generar un incremento adicional del déficit público estructural. Su diseño debe también evitar que se produzcan distorsiones significativas sobre los precios.