Sorprende, no la reacción contraria del gobierno y sus acólitos al anuncio de rebajas fiscales anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, sino el furor y la saña de esa oposición apoyada más en demagogias y en mentiras que en resultados y en razonamientos.

Una crispación motivada por la precampaña adelantada de las municipales y autonómicas de mayo en qué nos encontramos y los resultados que anticipan las encuestas hasta el punto de que algunos miembros del Ejecutivo como el ministro Escrivá ha apostado por la recentralización fiscal, posteriormente reconvertida por otros de sus compañeros de Gabinete y por sus socios independentistas vascos y catalanes en la petición de una especie de aplicación artículo 155 de la Constitución en materia impositiva a Madrid y Andalucía, a las que acusan torticeramente de dumping fiscal.

Claro que como dice sabiamente el refranero “ladran luego cabalgamos”, y quienes así alborotan deberían saber, si es que no lo saben, que las rebajas fiscales son un elemento esencial del programa electoral de Juanma Moreno y que ya había aplicado con éxito durante la legislatura precedente y que han permitido generar 280.000 nuevos contribuyentes y en torno a un millón de euros más de recaudación a la autonomía andaluza que, además, se ha situado en el tercer lugar del ranking autonómico en sus indicadores de renta, crecimiento y creación de empleo, ha aumentado su población en casi cien mil personas cuando estaba perdiendo unas 20.000 anuales durante los gobiernos socialistas, y que es también la comunidad con más autónomos de España.

Y si nos centramos en el impuesto sobre el Patrimonio que se ha convertido en el centro de los ataques de los reaccionarios, recordemos no existe en ningún otro país de la Unión Europea, que es un impuesto injusto porque grava anualmente bienes por los que ya se ha tributado previamente, y que sólo genera 110 millones de euros a las arcas de la Hacienda andaluza, el 0,6%  de la recaudación total, mientras que la cantidad estafada por los gobiernos socialistas de Chaves y Griñán en el caso de los ERE ronda los 700 millones, que nadie de los que ahora solicitan el indulto ha pedido se devuelvan y que podrían mejorar sustancialmente las prestaciones sociales de los andaluces.

Mienten también desde el gobierno y en especial la vicepresidenta Calviño -y parecía la más lista de clase- cuando repiten ese mantra de que las rebajas impositivas afectan negativamente a los servicios. O, como se explica si no que, por ejemplo, Madrid, bajando impuestos no sólo recauda más al generar mayor actividad económica, sino que se ha situado como la primera comunidad de España en PIB, renta per cápita, atracción de inversiones y creación de empleo y esté también a la cabeza en la calidad de los servicios públicos.

Y mienten también la vicepresidenta y demás monaguillos del sanchismo cuando vinculan la bajada de impuestos con el empeoramiento de la sanidad, la educación, las pensiones y demás servicios. Porque para aliviar la carga fiscal sin tocar las prestaciones sólo hace falta reducir sustancialmente la política de gasto desbocado que practica su gobierno con una administración elefantiásica de 22 ministerios, el mayor de Europa, algunos de ellos absolutamente prescindibles por innecesarios, inútiles e ineficaces.

Eso y rebajar también la pléyade de asesores y amiguetes colocados a dedo por Pedro Sánchez y sus compañeros de Gabinete. Nada menos que a 785 enchufados asciende la legión de asesores del Gobierno, el máximo histórico, y 186 más que los que tenía el Ejecutivo de Rajoy.

La verdadera raíz de la cuestión es que mientras la economía española se debate al borde de la quiebra Madrid es una historia de éxito, de progreso y de libertad que le ha llevado a convertirse en la primera comunidad de España en crecimiento del PIB y del empleo con los impuestos más bajos, además de haber sido galardonada con el título de la mejor Región de Europa 2021-2022 por el Comité Europeo de las Regiones.

Un modelo de gestión que viene refrendada por los números. La Comunidad de Madrid con una presión fiscal inferior en un 22,4 por ciento a la media española ingresa un 63 por ciento más por habitante y que con sólo tres tributos fiscales propios registra un Producto Interior Bruto de 239.878 millones de euros superando los 236.739 millones Cataluña cuyo gobierno de ERC y JxCat esquilma a sus ciudadanos con 18 impuestos propios. Pero, además, con esta política de rebajas fiscales Madrid recauda unos ingresos por impuestos sobre la renta, patrimonio y capital de 12.077 millones de euros, al tiempo que presenta un práctico equilibrio entre los ingresos totales de las cuentas públicas (27.050 millones de euros) y los gastos (27.685 millones), mientras que los 11.752 millones de ingresos fiscales de Cataluña son 325 millones inferiores a los de Madrid, con un desequilibrio de 1.329 millones en sus cuentas públicas.

Mas significativos son aún las diferencias del endeudamiento entre ambos territorios. Mientras Cataluña tiene una deuda pública total de 79.054 millones de euros, equivalente al 33,4 por ciento de su PIB, la deuda de Madrid es de sólo 35.194, millones, el 15,7 por ciento del PIB regional. Y con estos resultados y esta política de menos impuestos la Comunidad de Madrid contribuye a la «caja común» del Estado con 23.000 millones de euros más que Cataluña desde 2009 y aporta el 70 por ciento de las contribuciones al fondo de solidaridad estatal

Como decía el poeta Santosh Kalwar, «las personas que te odian envidian tu libertad».