Reunión de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para negociar los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este miércoles su segunda reunión para continuar con las negociaciones para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde, que ha terminado sin acuerdo.

No se ha fijado fecha para un tercer encuentro, que en cualquier caso se produciría tras la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, a España la próxima semana.

Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart –del lado conservador– y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach –por ala progresista– han estado reunidos durante más de dos horas. Al encuentro acudían ya con un primer acuerdo por el cual decidieron que los dos candidatos al Constitucional saldrían de los magistrados del Tribunal Supremo (TS).

Los representantes progresistas, tal y como se comprometieron, han puesto sobre la mesa nueve aspirantes: Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) l; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga; los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde, y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.

Los portavoces conservadores han vuelto a asistir sin lista propia porque aseguran que no han recibido ninguna candidatura de ningún magistrado del Supremo, «más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual», según reza el comunicado difundido por Ballestero y Llombart.

Los dos grupos han confirmado «el más firme compromiso de cumplir con las competencias propias del Consejo» para realizar los nombramientos, así como su coincidencia «en la necesidad de lograr amplias mayorías» para designarlos.

No obstante, el sector progresista ha puesto de manifiesto que hay «una diferencia en cuanto a los tiempos». «Por nuestra parte, hemos reiterado la voluntad de alcanzar dicho acuerdo en el plazo más breve posible y siempre antes del Pleno convocado para el día 29 de septiembre», y lamentan que, «una vez más», la parte conservadora no esté «en condiciones de presentar candidatos y que no consideran que deba producirse la designación en el Pleno del día 29», «No nos hacemos responsables de la dilación que se está produciendo en la designación de los magistrados para el Tribunal Constitucional», subrayan Cuesta, Mozo y Bach.

Los negociadores conservadores, por su parte, han defendido que «la relevancia de estos nombramientos exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia». De todas formas, han acordado celebrar un cónclave interno el día 28.

La visita de Reynders, clave

Las negociaciones se aplazan hasta después de la visita que Reynders tiene previsto realizar a España entre el 29 y el 30 de septiembre. El sector conservador confía en que Reynders logre desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial, ya que declaró que durante su estancia en España puede no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.

Un acuerdo global –que abarque tanto Consejo General del Poder Judicial como Tribunal Constitucional– puede ser la fórmula mágica para acabar con el bloqueo en ambas instituciones, ya que una las preocupaciones de la corriente conservadora es la situación de colapso en la que quedaría el Supremo si los dos magistrados elegidos para el Constitucional salen del Supremo mientras el CGPJ sigue sin poder cubrir las vacantes generadas en la cúpula judicial.

Varias salas del TS se encuentran ya en una situación límite a causa de la reforma legal impulsada por el Gobierno que desde marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones realizar nombramientos discrecionales en los altos tribunales.

El Gobierno promovió una segunda reforma, aprobada en julio, para devolver al Consejo su capacidad de realizar nombramientos pero solo para elegir a sus dos candidatos al Constitucional y hacerlo antes del 13 de septiembre, fecha ya superada.