El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, admite, durante su intervención en la Cátedra Fundación La Caixa Economía y Sociedad, que a principios de octubre revisará a la baja sus estimaciones sobre el crecimiento económico en 2023 y al alza las previsiones sobre la inflación para los años 2022, 2023 y 2024.

En junio, el Banco de España anticipaba un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 4,1% en 2022, 2,8% en 2023 y 2,6% en 2024. Por su parte, se proyectaba una inflación del 7,2% en 2022, 2,6% en 2023 y 1,8% en 2024.

El gobernador explica que se percibe cierta moderación del dinamismo del empleo en el tercer trimestre del año, y el resto de los todavía «escasos» indicadores cuantitativos disponibles para este periodo, como las matriculaciones de automóviles, el índice del comercio al por menor o el índice de producción industrial, «tienden a confirmar la pérdida de impulso de la actividad».

Además, la recuperación en España tras el impacto de la pandemia sigue siendo incompleta, con una brecha negativa de 2,2 puntos del PIB con respecto a los niveles prepandemia.

Pablo Hernández de Cos avisa que las presiones inflacionistas están siendo muy elevadas y persistentes, generando «caídas de las rentas reales significativas». «La magnitud del incremento de la inflación no tiene precedente reciente», subraya. Y hay que remontarse hasta 1977 para encontrar una aceleración similar del IPC.

Y ello a pesar de que las medidas adoptadas en España para contener el alza de los precios energéticos han reducido en 1,8 puntos la inflación total . Pero los alimentos han subido 98,1 puntos. El Banco de España estima que un incremento de 10 puntos en los precios de las materias primas alimenticias acaba teniendo un efecto de cuatro décimas en el IPC general al cabo de un año.

El avance de la remuneración por asalariado se situó en España en el 4,8% en el segundo trimestre, muy por debajo de la inflación. «La pérdida de poder adquisitivo de los hogares es muy significativa», reconoce el gobernador del Banco de España, mientras los márgenes empresariales muestran una relativa estabilidad.

Para hacer frente a este escenario, el gobernador del Banco de España defiende las decisiones que está adoptando el Banco Central Europeo (BCE) con la subida de tipos, y anticipa que asegurar el retorno de la inflación al objetivo del 2% a medio plazo «exigirá incrementos adicionales de los tipos de interés».

Para evitar efectos de segunda ronda, que por ahora no se estarían produciendo, insiste en la necesidad de que agentes sociales alcancen un pacto de rentas, con el reparto de costes entre las empresas, que habrían de aceptar una reducción de sus márgenes unitarios, y los trabajadores, cuyo poder adquisitivo «no podría mantenerse intacto».

Este pacto de rentas debería evitar que las medidas sean de aplicación excesivamente general y contemplar compromisos plurianuales concernientes a los incrementos salariales y la evolución de los márgenes.

También considera «deseable» evitar fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda, para reducir el riesgo de que se desencadene una realimentación entre los incrementos de los salarios y los de los precios.

Por lo que se refiere al gasto público, el gobernador cree que se debería evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas, y defiende que la revisión de reglas fiscales en la UJE incluya su simplificación a través del establecimiento de una regla de crecimiento del gasto público, con un ancla en la ratio de deuda sobre el PIB, así como potenciar la capacidad para acumular colchones fiscales en periodos de bonanza económica para utilizarlos en momentos de crisis.

En el caso de España, el refuerzo de la sostenibilidad de las cuentas públicas requiere adoptar una estrategia de medio plazo, que parta de la definición inmediata de un plan de consolidación fiscal plurianual para su ejecución una vez superados los efectos económicos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Esten plan «debería contar con un amplio consenso político, y acompañarse de una revisión de la eficiencia del gasto público y del sistema impositivo e incorporar a todos los niveles de las Administraciones Públicas», subraya el gobernador.

Pablo Hernández de Cos avisa que el endurecimiento de las condiciones de financiación puede incrementar la presión financiera soportada por empresas y hogares. El peso de los gastos financieros sobre los resultados económicos antes de intereses de la empresa mediana endeudada aumentaría, a corto plazo, entre 2,5 y 5,6 puntos, según el porcentaje de deuda y créditos que se refinancien a corto plazo. En el caso de los hogares, se estima que la proporción de familias con deuda que pasarían a tener una carga financiera neta elevada aumentaría en España casi 4 puntos.

Incorporando las actuales expectativas de aumento de los tipos de interés, la carga financiera de la deuda pública aumentaría en España desde el 2,2% del PIB a cierre de 2021 al 2,6% en 2024.