En plena rebelión fiscal de las autonomías, las gobernadas por el PSOE incluidas que entramos en periodo electoral, Pedro Sánchez y su gobierno, con la lenguaraz María Jesús Montero como ariete, se empecinan en anunciarnos nuevos atracos fiscales, cuando su voracidad impositiva  ha  llevado a España a liderar el aumento de la presión fiscal en la OCDE pasado del 31,3% al 36,% por ciento del PIB mientras el gobernador del Banco de España alertaba del elevado empobrecimiento de los ciudadanos españoles y denunciaba que ya hay más de un millón de hogares ahogados por sus hipotecas y los créditos.

Unas clases medias y trabajadoras, como ahora gusta de repetir el Presidente, que están pagando un 18% más de IRPF y un 17% más de IVA cuando las arcas de Haciendo alcanzan máximos históricos de recaudación -22.000 millones más entre enero y julio- y que ven como los salarios en España suben un 42% menos que la media de la UE con datos de Eurostat. Y unas clases medias y trabajadoras que van a perder este año un 4,4% de poder adquisitivo, mientras seguimos duplicado la tasa de paro de la UE (12,6% frente al 6,6% de media comunitaria) y somos el país de la Unión más alejado del PIB anterior a la pandemia.

Y ante esta degradación real del estado de bienestar y del nivel de vida de los españoles Sánchez sigue manteniendo su gobierno elefantiásico de 22 ministerios algunos tan inútiles como sus titulares, el mayor de la democracia y de la UE, cuyos salarios totales cuestan a los españoles casi 2 millones de euros, frente a los 1,3 de 2019. Y la diferencia es aún mayor si los comparamos con el último gabinete de Rajoy, en 2017, cuyos salarios sumaron un millón de euros.

Un gobierno de coalición socialcomunista cuyo presidente, Pedro Sánchez, cobra 86542,08 euros brutos al año, 76.355,28 euros los ministros, pero en el que el mayor aumento de gasto está en las vicepresidencias. Recordar que en el primer gobierno del sanchismo la única vicepresidenta, Carmen Calvo, ingresaba 77.991 euros y ahora tenemos tres: Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Teresa Ribera, que cobran 81.341,16 euros brutos al año cada una. Y a ello hay que añadir el coste de 30 secretarías de Estado con un salario de 74.892,12 euros y un millar de asesores, más de 300 con respecto a los que tenía el gobierno de Mariano Rajoy y que cuestan 55 millones de euros anuales.

Todo esto sin contar que el coste aproximado de una hora de vuelo del Falcon 900B es de 5.600 euros, lo que incluye el salario del personal, combustible y mantenimiento, que se abona con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, y que Sánchez utiliza, por ejemplo, para ir de La Moncloa a Torrejón, apenas 23 kilómetros, o para asistir a conciertos, bodas y otros eventos familiares o para actos de partido. Y eso a pesar de que, según el Ministerio de Hacienda, el Gobierno cuenta actualmente con 655 vehículos y se prevé la compra de 118 nuevos coches.

Pero no todo para aquí, porque estos días también hemos conocido que Sánchez ha pagado 130 millones a la Fundación de Bill Gates para asistir a un acto y hacerse la foto propagandística con el magnate americano, cuando aquí ataca a los empresarios e impone impuestos abusivos a la empresa, además de que el Gobierno sigue ocultado cuanto nos va costar esa serie documental sobre Sánchez en La Moncloa, que se emitirá en pleno año electoral y que quienes la conocen no han dudado en calificar como un derroche para satisfacer “el afán narcisista y propagandístico” del presidente del Gobierno”.

“Mientras el gobierno no haga un esfuerzo no se lo puede pedir a la sociedad resaltaba un comerciante del centro de Madrid sobre la obligación de apagar los escaparates a las 22,00h. Queja que hacía suya el en una reciente entrevista hacía suya el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “ahora que estamos hablando de topar la gente va a decir que lo que hay que topar es el número de ministros”.

Pues ya lo saben Sánchez y sus sirenas de la economía, la receta para bajar impuestos sin reducir las prestaciones en educación, sanidad y servicios sociales es tan sencilla como antigua, reducir el gasto inútil y superfluo que aquí ahora es mucho y para pagar a mucho incompetente. Claro que eso exigiría sentido del Estado y voluntad de servicio a España y a los españoles, algo que ellos demuestran cada día que no entienden y, lo que es más grave, ni quieren entender.