Nos hemos instalado en una excepcionalidad que empieza a ser alevosa. Las tremendas circunstancias de los tres años que arrancan en diciembre de 2019 y se prolongan hasta hoy, no han servido para crear un clima  de confraternidad en nuestro país. Mas bien, al contrario, han estimulado el renacimiento de viejas cuestiones que social y prematuramente  (a lo que se ve) creíamos zanjadas.

Sin despreciar otras escandalosas consecuencias de esta desafección entre los españoles, que darían para muchos volúmenes y metros de librerías, quiero detenerme hoy, con el permiso tácito del Director, a la corrosión profunda de las instituciones que forman la arquitectura del Estado español.

Los tres poderes clásicos del Estado sufren esa corrosión, lo que dicho urgentemente y por delante, no quiere decir en modo alguno que sea un problema del modelo institucional que estableció la Constitución del 78. El debilitamiento institucional está provocado por acción u omisión, por las personas que, en cada caso, encarnan esos poderes. Mi defensa del modelo constitucional no debe interpretarse como sacralizadora o inmovilista. La Constitución tiene un amplio margen de innovación mejoradora y mecanismos para llevarlo a cabo.

Volviendo al debilitamiento institucional, hay que decir que afecta a los tres poderes, aunque no en el mismo grado de gravedad. Sobre la debilidad del Ejecutivo, que es estructural, nos ocupamos muchas semanas de tratarlo. La coalición no pasa de ser una simple yuxtaposición desconfiada y taimada. El resultado es dramático. Más de un centenar de decretos y unas pocas leyes ideológicas, sesgadas por la necesidad de mantener abierta la legislatura. Los apoyos externos sacan lo que pueden, no solo en términos crematísticos, que al fin y al cabo son consumibles, sino también en cuestiones demás largo recorrido, que en algún momento aflorarán como compromisos del Ejecutivo, difícilmente asumibles.

Menos se habla del poder legislativo, pese a su evidente decadencia institucional. Congreso y Senado languidecen sin otro papel relevante que lo circos de la sesiones de control, reglamentariamente convertidas en conversaciones de barra de taberna. Hablan, mal; se van, cuanto antes y no hubo nada.

Los reglamentos de ambas Cámaras son una barrera infranqueable para que la opinión pública pueda evaluar y sancionar a sus representantes, que lo son gracias a una ley electoral bastardeada con las listas cerradas y bloqueadas y con unos distritos electorales aberrantes, las provincias, que provocan censos electorales absurdos, disparatados. El resultado es evidente y demoledor. Servilismo e ignorancia; disciplina de voto (inconstitucional) y asentimiento forzoso.

Pero no se queda ahí la declinante función legislativa que le es propia a las Cámaras. Los mecanismos internos se han convertido en barreras infranqueables para el debate político. Esta misma semana, por no ir más lejos, el Gobierno ha vetado la tramitación de 42 enmiendas procedentes de grupos fuera de la coalición, para el debate sobre  las modificaciones de las normas que regulan el IVA, los impuestos especiales y las tasas consulares. La explicaciones del Gobierno llegan tras el veto, no, por supuesto, durante un debate que no tendrá lugar, porque el Ejecutivo, irrumpiendo en el legislativo como un elefante en una cacharrería,  lo impide con armas y pertrechos. Así están las Cámaras, ninguneadas hasta quedarse en un espectáculo muy caro e insulso.

El poder judicial salió en desventaja del pacto constitucional. La jerga impuso el término “tercer poder” (no pocas veces invocado como “tercera pata”), dando por sentada una jerarquía inicua, falsa a favor de los dos poderes de los que hemos hablado anteriormente. Además, desde la política se le exige una legitimidad de ejercicio, negándole la condición de poder del Estado per se.

Se defiende su autonomía, mucho menos su independencia, de boquilla y se califica indecentemente a los miembros de este poder como conservadores o progresistas porque, en el fondo, desde la política se busca protección, amparo o comprensión a conductas reprobables, que lo son objetivamente, pero que, en cada caso, responden a intereses de parte, ya sean económicos o simple y llanamente, de poder.

Los partidos buscan jueces empáticos con sus ideologías y con sus conductas, con lo que conculcan el principio de independencia. Los jueces (algunos jueces) aceptan este juego indecente, manifestándose siempre y en cualquier supuesto en la línea que los políticos esperan.

Se une así la transgresión de la forma y del espíritu de la Constitución.

Reducir los problemas del poder judicial a la manera en la que se cubren las plazas de sus órganos de gobierno es de una ceguera política absoluta. Hemos comprobado como las mayorías reforzadas en las Cámaras obran en contra del sistema. El repudio ontológico de los partidos al Poder Judicial no busca otro efecto que su subordinación, que su derrota. Que sería la nuestra, la de todos los ciudadanos.

En Italia socialdemócratas y democristianos han sido fumigados. Nos acercamos a Italia.