La Unión Europea ha revalidado este viernes una medida que había sido minuciosamente analizada por los países miembros y los expertos comunitarios: limitar los beneficios de las eléctricas que ha considerado que son extraordinarios. En línea con lo ya aprobado por la Comisión Europea el pasado 13 de septiembre se ha fijado un tope máximo de 180 euros por megavatio-hora para las centrales que se benefician del alto precio del gas aunque no lo utilicen para generar electricidad. Afecta a tecnologías como las renovables, carbón o nucleares

También ha dado luz verde al gravamen que ascenderá a un mínimo del 33% para las ganancias de las compañías de combustibles fósiles. Bruselas estima que los Estados comunitarios recaudarán del orden de los 142.000 millones de euros por el conjunto de las citadas medias que afectan a las compañías energéticas.

Da cierta flexibilidad a los Gobiernos para su aplicación. Como consecuencia previsiblemente España podrá materializar el plan que está en marcha, y que también tiene como objetivo controlar los ingresos extraordinarios que reciben determinadas centrales por el sistema marginalista que rige el mercado mayorista de electricidad.

El plan aprobado, que entrará en vigor próximamente, se trata de hecho de una intervención del mercado eléctrico, medida que había sido cuestionada por algunos países, hasta que la realidad de los precios eléctricos con récords impensables haya obligado a un programa que se califica de extraordinario y “que deben tener una duración limitada”. La Comisión Europea considera que la emergencia eléctrica debe aplicarse a más tardar el 1 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023.

Como asimismo había propuesto la Comisión, los ministros han aprobado otra de las medidas estrella que se centra en el ahorro energético, cuando se acerca el invierno y no está garantizado el suministro de gas natural. Es una reducción voluntaria del 10% del consumo de electricidad y una obligatoria del 5%,