El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, propone que sean los organismos públicos quienes, mediante un pool o cualquier otras fórmulas, los que «asuman las capas de cobertura de mayor riesgo» cuando se trate de ciberataques realizados por otros Estados. El objetivo es evitar que ese exceso de riesgo, «que es el más caro de asegurar», recaiga sobre los clientes de las aseguradoras que ofrezcan coberturas por ciberataques.

«Nos enfrentamos a un escenario de riesgo global, frente al que ninguna institución, organismo, empresa o gobierno pueda considerarse a salvo», explica durante su intervención en un panel sobre ciberseguridad en el Foro La Toja, en el que también han participado la adjunta a la presidencia de Cuatrecasas y exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria de Estado de digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas.

«Hoy el mundo se está enfrentando a una poderosa industria de ‘multinacionales del crimen’ que cuentan con ingentes presupuestos para invertir en el ataque sistemático, el robo y la extorsión de todo tipo de ciudadanos, empresas, e instituciones donde puedan conseguir ingresos, o servir a otros intereses, en algunos casos, además, con apoyo más o menos directo de algunos Estados», argumenta el presidente de Mapfre.

Anotnio Huertas considera que las aseguradoras y las reaseguradoras están modelizando «cada vez mejor» este tipo de riesgos, pero todavía existen límites a la capacidad que tienen estas compañías por sí solas para asumirlos, ya que, entre otras razones, detrás de estos ataques no solo habría redes criminales «cada vez más sofisticadas y profesionalizadas», sino también unidades «paraestatales» en algunos ataques.

El sindicato asegurador británico Lloyd’s recomienda dejar de ofrecer cobertura de ciberriesgos a partir de 2023 cuando se trate de ataques respaldados por Estados.

«Cuando los siniestros escalan a un nivel muy superior y recurrente, como sucede también con el riesgo catastrófico provocado por el cambio climático, la industria aseguradora no puede garantizar cobertura por sí sola o, si lo hace, será a un coste que no esté al alcance de todos los ciudadanos», argumenta Huertas.

El presidente de Mapfre reclama «fórmulas de colaboración público-privadas, donde los Estados también se impliquen, creando una legislación trasnacional que proteja a las empresas y los ciudadanos», frente a la creciente amenaza de la ciberdelincuencia.

También recalca la importancia de avanzar en la concienciación del peligro entre empresas y ciudadanos, especialmente en pymes y autónomos. «Las grandes empresas invertimos enormemente en seguridad y estamos mejor preparadas, pero nuestra preocupación es también la seguridad de nuestras cadenas de suministro y proveedores, pues son éstos, con cada vez mayor frecuencia, los vectores de ataque usados por los ciberdelincuentes para alcanzar a las grandes empresas», avisa el presidente de Mapfre.