Las escaramuzas a propósito del Impuesto sobre el Patrimonio entre la excesiva ministra de Hacienda y número dos del PSOE y la no menos  aspaventosa presidenta de la Comunidad de Madrid, no tiene nada que ver con la estructura fiscal del Estado ni con los ricos y los pobres. Ni siquiera sirve como escenografía de sus pendencias, porque tal impuesto es un accidente en el conjunto tributario del pais. Esta figura fiscal es un error, un juguete estropeado por el que disputan niños malcriados.

La arquitectura fiscal de un estado no tiene nada que ver con una tómbola de feria. Tampoco con el póker del mentiroso. Nos hemos acostumbrado a que cada gobierno que viene prometa una reforma fiscal y a que cuando se va apenas  haya hecho un par de retoques movidos, casi siempre, por la necesidad de dejar una cuentas públicas menos impresentables.

El Gobierno actual sigue las mismas pautas que los anteriores, con la particularidad de que en este caso el anuncio tiene un regusto amenazante, propio de quienes creen que todo contribuyente es un  opulento defraudador impune. Acabar limitándose a una chapuza en lugar de una reforma, en un año electoral, es lo suyo. No vaya a ser que los ciudadanos-contribuyentes salgan del letargo fiscal, echen cuentas y…

El ultimo gran hacendista español, Enrique Fuentes Quintana auspició a poco de celebrarse las primeras elecciones democráticas  la Ley 50/1977 de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que sentó los cimientos de la arquitectura que se mantiene hasta ahora.

En aquella Ley se estableció con carácter “excepcional y transitorio” un Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, con el fin de obtener información  sobre la fortuna de contribuyentes que durante el franquismo pudieron generar para sí un conjunto de bienes y derechos que no constaban regularmente en el Ministerio de Hacienda. La propia Ley se autodefinía como “censal y de control del IRPF”.

Lo “excepcional y transitorio” de esta Ley perduró hasta que la Ley 19/1991 acabó con la provisionalidad e instituyó el Impuesto sobre el Patrimonio, hoy objeto de la opereta interpretada por Montero, Ayuso, Moreno, Puig y una coral multitudinaria y desafinada.

Que la Ley del Impuesto es un bodrio no lo digo yo; lo asegura  quienes la redactaron. Lo dice el BOE en la exposición de motivos de la repetida norma, a la que niega las mínimas exigencias de equidad, justicia y transparencia. Lo dice el redactor del enredo normativo, cuando afirma que la reforma plantea “como problema central el de la valoración de los distintos elementos patrimoniales de los que es titular el sujeto pasivo”. Casi nada. No hay valoración común.

Pero sigue el autor de la Ley reconociendo que “se aplican reglas especificas de valoración en beneficio de la seguridad jurídica del contribuyente”. Dicho en plata, es un impuesto según y cómo y sobre todo a quién.

Más adelante el firmante de la Ley asegura que el objetivo de suficiencia, equidad y eficiencia asignado al Impuesto “resulta impracticable en nuestro sistema, tanto teórica como prácticamente”.

Creo que estos textos entrecomillados del redactor de la Ley vigente  son suficientemente esclarecedores del absurdo Impuesto sobre el Patrimonio, de la arbitrariedad de la Ley que lo regula y de la inutilidad recaudatoria del mismo ya que sus costes de gestión son superiores con frecuencia a lo recibido por el fisco.

La opereta del Patrimonio no resiste el menor análisis técnico. Es una partitura fallida, interpretada por mediocres sobreactuados, amplificada hasta la náusea por mor de las varias elecciones que hay por delante.