Ponga el semblante serio, formule la pregunta más elemental posible, sin importarle si el contenido es verdadero o falso, por ejemplo: “¿Es responsabilidad suya que los españoles sean más pobres que hace tres años?” Da igual lo que le contesten; ensombrezca el semblante, tilde de nocivo y errático al contrincante y a continuación realice un montaje con las secuencias más favorables a su causa y las coloque por Internet en las redes sociales. A falta de arte, la técnica torticera del diputado paquete para hacer oposición le estalló como un huevo podrido en la nariz al portavoz de la extrema derecha Ivan Espinosa de los Monteros frente a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, quien aportó datos más que suficientes para demostrar que, a pesar de la pandemia, el volcán y la guerra de Putin, los españoles siguen prosperando y es falso que sean más pobres que al comienzo de la legislatura. “Me enternece ver al PP y Vox preocupados por los pobres de España… ¿Por qué votan en contra de que establezcamos un impuesto a los más ricos? ¿Por qué votan en contra de un impuesto a los grandes beneficios de las energéticas y del sector financiero?”

Comoquiera que el ultraderechista Espinosa, que ahora se embolsa 6.000 euros mensuales por catorce pagas y otrora convertía naves industriales en viviendas con certificados de habitabilidad falsos, perseverase en la imputación de la pobreza al Gobierno –“Desde que ustedes llegaron no conozco a ningún español que haya prosperado”, dijo–, la vicepresidenta Calviño, una mujer nada estridente, se vio obligada a pedirle que revise a sus amigos. “¿Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional (incrementado a mil euros), a ningún joven que haya conseguido empleo indefinido gracias a la reforma laboral, a ninguno que se beneficie del incremento y la extensión de las becas, la inversión en educación, la sanidad pública, del transporte público gratuito, de los Ertes, de las ayudas a los autónomos, a las empresas, de los avales del ICO, del ingreso mínimo vital..?” El repaso fue tan sonoro como espectacular y levantó de sus asientos a la bancada socialista y a los miembros del Gobierno para aplaudirla.

Al margen del fallo técnico del diputado-paquete, brilló en su reaparición la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, no tanto por su pregunta al jefe del Ejecutivo –“¿Considera que el Gobierno hace todo lo posible para ayudar a las familias?”– como por su crítica al incremento de las pensiones de jubilación y del salario de los empleados públicos. Arrimadas calificó de “espeluznante” el aumento del 8,5% de la paga a los pensionistas el año que viene y del 9,5% a los funcionarios en los dos próximos ejercicios, como si ambos colectivos tuvieran la culpa de que los salarios de los jóvenes sólo hayan aumentado un 6% en los tres últimos años, según dijo. “Con esas subidas van a reventar el Estado del bienestar”, auguró antes de acusar al Gobierno de utilizar el Presupuesto del Estado para “comprar votos y vender el futuro de millones de españoles”. Con distintas palabras y la misma orientación se condujo la portavoz del PP Concepción Gamarra.

El presidente Pedro Sánchez, ya repuesto del contagio del coronavirus, respondió que “el Gobierno defiende la sostenibilidad del sistema público de pensiones mientras ustedes apuestan por la capitalización como en América Latina”. Sánchez esgrimió el crecimiento de algunas partidas sociales en el proyecto de Presupuestos para demostrar que “este Gobierno está al servicio de la mayoría social, no de la minoría pudiente”. Ante la acusación de la portavoz popular Gamarra: “Están desplumando a los trabajadores, comprando voluntades con dinero público y destinando 158 millones a propaganda”, en referencia a las campañas publicitarias de los distintos ministerios, Sánchez respondió con algunos datos sobre el crecimiento de la economía, el empleo y los salarios. Y ya en respuesta diferida al presidente del PP afirmó que “lo antiguo es bajar impuestos a los ricos”.

Sánchez también respondió al dirigente de Compromís, Joan Baldoví, sobre el crecimiento de la financiación autonómica (135.000 millones de euros, un 34% más que hace tres años) y las transferencias a los ayuntamientos (23.000 millones de euros, un 5% más) y reconoció que, en efecto, es necesario reformar el sistema de financiación autonómica, “pero ya sabemos cuál es la estrategia de la derecha”, señaló en referencia al bloqueo de preceptos constitucionales.