El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha persistido hoy en sus críticas a la subida del 8,6% de la base de cotización de los salarios más altos. Sin embargo, el empresario guarda aún silencio respecto a los planes del Ejecutivo. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende eliminar progresivamente los topes a la cotización, y lograr así en 2050 que los salarios coticen íntegramente, y no solo por los primeros 50.000 euros — en números redondos — como sucede ahora.

Garamendi tildó de “desmedida” e inoportuna la subida del listón un 8,6% el año que viene en las cantidades sujetas a cotización a la Seguridad Social. El líder de los empresarios criticó además al Gobierno por no avisarles ni negociar dicha subida, que llega en un momento muy delicado para las empresas debido a la complicada situación económica internacional.

Sin embargo, el ministro Escrivá negó ayer tal sorpresa. Y anunció, aprovechando la polémica, su intención de efectuar cambios de calado en el sistema de cotización, que afectan a los salarios más altos.

Escrivá pretende ir subiendo poco a poco el límite para la cotización de los salarios más altos, hasta llegar a 2050 en que, según sus planes, los empresarios y trabajadores deberían cotizar por la totalidad del salario.

Una subida de cotizaciones que Escrivá planea ahora pactar con los empresarios y los sindicatos. Y que conllevará también un incremento de la pensión máxima, hoy también topada, aunque en un límite más bajo, cercano a los 39.500 euros anuales.

Los planes de Escrivá pasan por subir cada año la base cotizable al menos tanto como la inflación (de ahí la subida del 8,6% prevista para el año próximo), medida, al igual que la de las pensiones, en el promedio de los doce meses anteriores al mes de noviembre de cada año.

Según el ministro, eso es lo justo. Y permite a los empresarios trazar un escenario previsible en cuanto a sus costes laborales.

Por otro lado, Escrivá hace sus cálculos contando con que la inflación anual retornará a sus cauces habituales, en torno al 2% anual.

Sin embargo, para acortar la senda de convergencia que permita cotizar íntegramente por los salarios más altos, Escrivá pretende aplicar cada año un recargo, además de la citada subida de la inflación anual.

La subida del 8,6% el año próximo aportará a las arcas de la Seguridad Social unos 600 millones de euros de los más de 11.800 millones de recaudación adicional prevista el año próximo, que acabará con un déficit del 0,5% del PIB.

Los sindicatos apoyan los PGE

A pesar del rechazo patronal, Escrivá cuenta con el apoyo de los sindicatos que acaban de ofrecer su respaldo a los PGE, presentados ayer a UGT y hoy a CCOO por la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

En lo relativo a las pensiones, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha pedido hoy a los partidos que defienden que las pensiones altas no deben subir con el IPC el año que viene, que “tengan el valor de plantear una política fiscal para que las rentas más altas soporten una mayor carga fiscal”.

“Tanto deteriora el déficit público un incremento de pensiones como una bajada de impuestos”, aseveró, tras advertir a Montero que mirarán con lupa los Presupuestos y presentará propuestas.

De igual modo, el líder de UGT, Pepe Álvarez, pidió ayer a quienes defienden una subida de las pensiones menor al IPC que “hablen claro” y presenten una alternativa en lugar de generar “incertidumbre” entre los pensionistas.

En la misma línea, UGT defendió la subida de impuestos a las rentas más altas contenidas en los PGE 2023, si bien pidió que la medida se convierta en “permanente” en lugar de transitoria, como se prevé mientras se aclara el complicado panorama económico marcado por la inflación y la carestía de la energía, provocada por la guerra en Ucrania.