El Congreso aprueba la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, organismo con personalidad jurídica propia que estará adscrito a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y que contará con capacidad inspectora y sancionadora.

La enmienda de PSOE y Unidas Podemos aprobada por el Congreso se incluye en el proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como como ‘Ley de startups’, que el jueves 13 de octubre se vota en la  Comisión de Asuntos Económicos.

Contempla la creación de esta Agencia «como organismo público con personalidad jurídica pública, patrimonio propio, plena capacidad de obrar y las potestades administrativa, inspectora y sancionadora que se le atribuyan en aplicación de la normativa nacional y europea en relación con el uso seguro y confiable de los sistemas de inteligencia artificial» (IA).

Entre sus objetivos, la supervisión de la puesta en marcha, uso o comercialización de sistemas que incluyan IA y, especialmente, de aquellos que puedan suponer riesgos significativos para la salud, seguridad y los derechos fundamentales.

También la concienciación, divulgación y promoción de la formación, y del desarrollo y uso responsable, sostenible y confiable de la IA; la definición de mecanismos de asesoramiento y atención; la colaboración y coordinación con otras autoridades, nacionales y supranacionales, de supervisión de IA; y el fomento de entornos reales de prueba de los sistemas de IA para reforzar la protección de los usuarios.

Lla asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio de la Agencia, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado.

La creación de esta agencia tiene origen en un acuerdo del PSOE y Unidas Podemos con Más País-Equo. El 4 de octubre, el Gobierno aprobó los criterios para determinar la futura sede de este organismo, con la previsión de que se ubique fuera de Madrid. Desde entonces, se ha abierto un plazo para que comunidades autónomas y entidades locales presenten sus solicitudes para acoger dicha sede y otro de tres meses para que el Gobierno la escoja.

Para esta agencia, el Gobierno tendrá en cuenta que la candidatura provenga de un área con una elevada cantidad de empresas del ámbito de la tecnología y, concretamente, la inteligencia artificial. La nueva sede debe aportar infraestructuras y equipamientos relacionados con este campo, así como tener capacidad para albergar talento en los campos de ética, las ciencias sociales y jurídicas.