El Gobierno ha remitido a la Unión Europea el Plan Presupuestario para 2023, en cumplimiento de la obligación que tienen todos los Estados miembros de la UE de presentar cada año en octubre ante la Comisión Europea sus proyectos de planes presupuestarios para el ejercicio siguiente, con la finalidad de que puedan ser valorados antes de ser aprobados definitivamente por los respectivos Parlamentos nacionales.

En un contexto de incertidumbre internacional marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y del cuadro macroeconómico está marcada por «la prudencia, la responsabilidad fiscal, la justicia social, la modernización y eficiencia económica», señala el Gobierno a Bruselas.

El Plan Presupuestario para 2023 busca garantizar dos objetivos principales:

• seguir impulsando el crecimiento económico, el empleo y el apoyo al conjunto de la sociedad,
• y cumplir la senda de reducción del déficit y la deuda pública recogida en el Programa de Estabilidad remitido por España a la Comisión Europea esta primavera.

En 2022, frente a un entorno exterior muy complejo, la economía española ha confirmado su resiliencia con una previsión de crecimiento del 4,4%, avalada por los principales organismos nacionales e internacionales, que durante las últimas semanas han revisado al alza sus previsiones. «El crecimiento previsto para este año se basa en la intensa creación de empleo de calidad, el mantenimiento del superávit exterior y el crecimiento de la inversión gracias a la implementación del Plan de Recuperación», destaca el documento enviado por el Gobierno a la Comisión Europea.

Cambio estructural en el mercado laboral

Las medidas de política económicas adoptadas, primero con la respuesta a la pandemia y desde el pasado año con las reformas e inversiones del Plan de Recuperación y las medidas de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania, han conseguido impulsar «un cambio estructural en el mercado de trabajo».

Según el Gobierno, este cambio «está generando ya beneficios en la estabilidad del empleo, con el incremento de los empleados con contratos indefinidos, la reducción del porcentaje de temporalidad entre los afiliados a la Seguridad Social, que ha caído por debajo del 20% por primera vez en la historia, y la reducción del desempleo juvenil».

El Gobierno estima que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 250.000 son asalariados y 35.000 autónomos, con el consiguiente aumento de ingresos netos.

Este afloramiento se debe en gran medida a las medidas adoptadas durante la pandemia, especialmente los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos, que han promovido una mayor seguridad en el mercado laboral.

La ejecución del Plan de Recuperación, con las reformas orientadas a impulsar la digitalización y especialmente las del mercado de trabajo, están permitiendo la reducción del desempleo estructural en 510.000 personas desde 2019.

La combinación de estos dos elementos está permitiendo mejorar las finanzas públicas, a través del aumento de las cotizaciones sociales por el afloramiento del empleo sumergido y el aumento de ingresos netos estructurales por la reducción del desempleo estructural. La suma de estas contribuciones permite reducir el déficit estructural 7 décimas del PIB.

Medidas para reducir la inflación y consolidación fiscal

En 2022 el despliegue de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación y su efecto en la solidez de las finanzas públicas están permitiendo «dar una respuesta eficaz y justa al impacto de la guerra de Rusia en Ucrania y seguir el proceso de reducción del déficit y la deuda», insiste el Gobierno.

Así, en 2022 la deuda continuará la senda descendiente que se inició el pasado, prolongándose esta tendencia en 2023, lo que permitirá reducir la ratio deuda PIB en 2023 hasta 8 puntos de PIB respecto a su valor en 2020. Por su parte el déficit de las Administraciones Públicas se situará en 2022 en el 5% del PIB, cerca de 2 puntos inferior al de 2021, y en 2023, se mantendrá la senda descendente y se prevé que se reduzca hasta 3.9% del PIB.

El Gobierno ha hecho frente al incremento de la inflación con la implementación de tres paquetes de medidas, al que se unirán ahora las asociadas al Plan Más Seguridad Energética (+SE), con una movilización total de alrededor de 35.000 millones€.

En 2023 la política fiscal será prácticamente neutral, aunque en conjunto seguirá proporcionando un impulso de inversión y transformación a la economía española gracias al Plan de Recuperación, particularmente indicado para una coyuntura difícil en la zona euro y el resto de la economía global.

«La extrema prudencia del presupuesto para 2023 y la evolución de los ingresos públicos permitirán que el Gobierno pueda seguir adaptando las medidas de respuesta a la guerra a la evolución de los precios de la energía, la inflación y el entorno internacional, manteniendo el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública», concluye el Gobierno.

Dos escenarios de ingresos

Por primera vez, un Plan Presupuestario enviado a Bruselas contempla dos posibles escenarios de ingresos y gastos debido al «contexto de elevada incertidumbre»:ç

• el más conservador, en el que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3% del PIB, ascendiendo a 587.609 millones€. Los impuestos alcanzarán los 344.627 millones, lo que supone un 7,6% más respecto a 2022. Esta mayor recaudación se debe al impacto de las nuevas medidas fiscales como la aplicación del tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, y la introducción de medidas no tributarias como el nuevo gravamen temporal en los sectores energético y financiero.
• el segundo escenario contempla que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supongan un 43% del PIB, ascendiendo a 597.265 millones. Los impuestos alcanzarán los 354.283 millones, con unos 10.500 millones que darán «margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime conveniente, con el fin de proteger a los colectivos vulnerables, a la clase media y trabajadora, a los autónomos y a los sectores productivos más afectadas por la crisis energética».

El Plan Presupuestario se basa en un cuadro macroeconómico «prudente»  un crecimiento de la economía española del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023, en ambos casos por encima de la media de la zona euro y de las grandes economías comunitarias. El déficit público se situará en el 3,9% en 2023, lo que supone una reducción del 60% respecto al alcanzado en 2020 con el estallido de la pandemia. También recoge una reducción de la deuda pública del 115,2% en 2022 al 112,4% en 2023.

El informe incluye el impacto positivo que el Plan de Recuperación tendrá en el crecimiento económico, que permitirá durante el periodo 2021-2031, un aumento medio en el nivel de PIB de unos 2,6 puntos.