
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece ante la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados
Jesús Hellín / Europa Press
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las nuevas cuentas, ha asegurado que este alza de la recaudación, más allá de la mayor inflación, «supera las elasticidades históricas» registradas en la economía española, y por ello ha pedido «prudencia» para evitar que se trasladen en un mayor gasto estructural.
Hernández de Cos ha asegurado que la previsión del Banco de España es una mayor recaudación para este año que la proyectada por el Gobierno, que permitiría compensar tanto un menor crecimiento en 2023 –prevé un aumento del PIB del 1,4% frente al 2,1% del Ejecutivo– como desviaciones al alza del gasto público, sobre el que ve «riesgos al alza» en el gasto por intereses, prestaciones por desempleo y pensiones.
En todo caso, ha señalado cómo el Plan Presupuestario apunta a una caída del gasto público respecto al PIB de casi un punto –0,9 puntos porcentuales–, principalmente por la reducción de las subvenciones (0,6 puntos menos), que en todo caso se compensaría en parte con el aumento de las transferencias sociales y los intereses.
En su comparecencia, el gobernador ha reclamado «prudencia» a la hora de emplear el mayor colchón de ingresos ante el «desconocimiento» de la razón que explica su mayor incremento, poniendo como ejemplo los mayores ingresos obtenidos en los años de la burbuja inmobiliaria y advirtiendo por ello del riesgo de que este incremento pueda desvanecerse y deteriorar las cuentas públicas.
«Insisto en la necesidad de no tomar en su totalidad este aumento como permanente, hasta que no se conozca el origen del desacoplamiento que se viene observando desde el año 2020 entre la recaudación tributaria y las bases impositivas macroeconómicas», ha subrayado.
Por el lado de los gastos públicos, el gobernador ha advertido de que existen riesgos de desviación al alza en algunas partidas de gasto en 2023 respecto a lo presupuestado. Entre ellas afectaría a la carga de intereses, las prestaciones por desempleo y las prestaciones sociales, en particular a las pensiones.
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