El expresidente del Banco Popular Ángel Ron (derecha) y su abogado José Antonio Choclán a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez Santiago Pedraz (Fotografía de  Alejandro Martínez Vélez / Europa Press).

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron niega ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se cometiesen irregularidades en la ampliación de capital realizada en 2012. Afirma que fue el Banco de España el que pidió «un reforzamiento de capital». «Y lo hicimos: sometimos el plan a la autorización del Banco de España y de la Comisión Europea, que nos la dio, y se ejecutó», explica. Además, el folleto en el que se recogían las condiciones de la ampliación era «absolutamente claro y transparente».

«Todos los que invirtieron en aquella ampliación de capital tuvieron precios de cotización tres años y medio superiores al momento de aquella compra», insiste.

Ron ha declarado como imputado por dos querellas contra esa operación que Pedraz admitió al considerar que se pudo incurrir en «omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores».

En su declaración judicial, en la que solo ha contestado a preguntas de su defensa y de Fiscalía, Ron señala que los propios miembros del Consejo de Administración del Popular desembolsaron 520 millones de los 2.500 millones totales de la ampliación. Nadie invierte su dinero en una operación de este tipo si su pretensión es perpetrar una estafa, alega. Los propios consejeros pudieron obtener cuantiosos retornos porque la acción se duplicó en pocas semanas y mantuvo su precio por encima del de la ampliación hasta la resolución del banco en 2017, lo que suponía una elevada rentabilidad también para el resto de inversores.

Por otro lado, la adquisición del Banco Pastor fue una decisión tomada con información suficiente, a través de un proceso ordenado y sin conflicto de intereses, financiada con los propios recursos del Popular, y autorizada por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por los accionistas de la entidad.

En una de las querellas se apuntaba que el Consejo de Administración del Banco Popular era conocedor de que si proyectaba al mercado la realidad de la situación, la ampliación de capital de 2012 no alcanzaría los resultados deseables para lograr la inyección de dinero necesaria, de forma que decidieron alterar la imagen fiel de la entidad tras la integración del Pastor con la finalidad de dar una apariencia de solvencia cuando en realidad se estaba, apunta la querella, ante una entidad ruinosa.

El juez Pedraz también ha tomado declaración como investigado al que fuera vicepresidente de la entidad con Ron, Roberto Higuera, que ha defendido que todas las operaciones se realizaron de forma correcta y que las cuentas de 2012 (año en el que se absorbió el Banco Pastor) fueron auditadas por PwC, solicitando a su vez contraste a Deloitte.

Esta ronda de declaraciones, las primeras desde que el juez Pedraz admitió a trámite las querellas, se completará precisamente este jueves 20 de octubre con la comparecencia de PwC y el auditor José María Sanz.