La presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Paula Conthe, asegura en el Congreso de los Diputados que, desde el punto de vista técnico, puede «tener sentido» que se mantenga la participación del 16,2% que el Estado tiene a través de BFA en CaixaBank más allá de 2023, fecha límite marcada por el Gobierno para proceder a la desinversión en la entidad.

En 2021, el Gobierno amplió en dos años, hasta diciembre de 2023, el plazo para revertir su participación en Bankia, ahora integrada en CaixaBank, para maximizar la recuperación de las ayudas públicas que se inyectaron en Bankia.

En la Comisión de Presupuestos, Paula Conthe subraya el «claro mandato de desinversión» que tiene el Frob, pero precisa que ésta se producirá «cuando se den las condiciones», lo que incluye el precio de la acción, la previsión de la evolución de cotización de los títulos del banco en Bolsa, el contexto macroeconómico o la volatilidad del mercado, entre otros aspectos.

Es el Gobierno el que tiene la competencia de ampliar el plazo de desinversión más allá de 2023. Pero, «desde un punto de vista técnico», tiene sentido considerar ampliar el plazo ante el contexto de incertidumbre macroeconómica actual y de elevada volatilidad, y «desde la máxima confianza» en el equipo gestor de CaixaBank y su capacidad de generación de valor, así como el potencial de la acción de seguir evolucionando favorablemente.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 recogen la venta de la participación de BFA en CaixaBank, subraya Paula Conthe. La presidenta del Frob señala que la fusión con CaixaBank ha incrementado la valoración de la participación en Bankia: «El día anterior al anuncio de la fusión, la valoración no llegaba a los 2.000 millones y a finales de septiembre, con una precio de 3,3 euros, que hoy he visto con satisfacción que está por encima, podemos hablar de 4.300 millones».