El borrador de real decreto que negocian Economía y la banca contempla un periodo máximo de extensión del préstamo hipotecario de cinco años, siempre que el plazo de amortización del préstamo no supere los 40 años desde su concesión (en ese caso el plazo máximo será el que determine una duración total no superior a esa fecha) y que la cuota resultante de la novación no sea inferior a la última existente antes de la revisión del tipo.

Una vez que el banco y el cliente acuerden la ampliación del plazo de amortización, el principal pendiente del préstamo se amortizará mediante las nuevas cuotas periódicas y continuará devengando el interés que corresponda conforme a las cláusulas inicialmente pactadas.

Gracias a la extensión del plazo, se reducirá el importe de las cuotas periódicas del préstamo hipotecario que resultarían del incremento del tipo de interés, lo que contribuirá a reducir la carga financiera de las familias.

El protocolo estará en vigor durante 12 meses desde la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto-ley y será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito.

Pero los bancos que se adhieran al protocolo estarán obligados a aplicar las medidas cuando el deudor acredite que se encuentra situado dentro del ámbito de aplicación establecido. La adhesión de la entidad se entenderá producida por un plazo de un año de duración.

Para acogerse a la medida, los deudores deben cumplir con una serie de requisitos, como que su hipoteca se haya encarecido un 30% tras la actualización de tipos, que los ingresos familiares no superen tres veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) anual en 14 pagas (es decir, 24.318 euros al año) y que, tras la revisión de tipos, la cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Una vez que un cliente solicite la modificación de las condiciones de su hipoteca acogiéndose al nuevo protocolo, las entidades tendrán un plazo de 45 días para dar una respuesta.

Las entidades deberán informar al Banco de España sobre las operaciones que formalicen en virtud del protocolo y también informar adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse al mismo, facilitando la información en su red comercial de oficinas y a través de su página web.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, precisa, durante la presentación de resultados del banco, que se trata de «un principio de acuerdo que no está cerrado por completo» y que se enmarcará en el Código de Buenas Prácticas.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha trasladado  a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el trabajo conjunto con la banca para encontrar medidas de apoyo a los deudores hipotecarios vulnerables ante la subida de tipos de interés. Destaca «el compromiso y la implicación» que están demostrando las entidades para encontrar soluciones y poner sobre la mesa un catálogo de medidas que permita «minimizar el impacto negativo» y «aliviar» la situación y las finanzas de las familias españolas en un contexto de «rápida subida» de los tipos de interés.