Todos los trabajadores cuyos sueldos brutos no superen los 1.500 euros al mes, que son la mitad de los 20,2 millones de trabajadores españoles, tendrán una rebaja del 23% del IRPF (746 euros) el año que viene. No es una promesa electoral, sino una de las principales medidas para compensar la inflación recogidas por el Gobierno de Pedro Sánchez en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Las cuentas públicas fueron defendidas el miércoles ante el pleno del Gongreso por la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE María Jesús Montero. “Recortar los impuestos a los más ricos (el 1% más rico) ni promueve la inversión ni crea empleo ni sirve para nada”, dijo en relación con las propuestas fiscales de la derecha. Y cifró en 30 euros anuales el ahorro que supondría la rebaja del PP en Madrid y Andalucía, donde gobiernan.

Montero, que manifestó su confianza en la moderación de la inflación, se refirió, en cambio,  a la subida del IRPF a quienes ganan más de 200.000 euros al año, así como a las grandes fortunas (más de tres millones de euros) y a las empresas que facturan más de 200 millones de euros anuales, diciendo que es necesario que arrimen el hombro porque las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia, seguida de la guerra de Putin contra Ucrania, han de repartirse equitativamente y eso significa que han de aportar más los que más tienen. En este argumento incluyó los impuestos especiales sobre los beneficios extraordinarios de la Banca y las empresas energéticas, algo que está en línea con la acción de otros gobiernos europeos y aquí va a ser recurrido por Iberdrola ante los tribunales por vulnerar, dice su presidente Ejecutivo, Ignacio Galán, la directiva europea.

En los pasillos del Congreso, todos los miembros del Gobierno progresista hicieron piña con la titular de Hacienda, si bien algunas medidas como el impuesto extra y el de Patrimonio a las grandes fortunas se defienden por sí mismas con solo ver los abultados incrementos de beneficios de las sociedades del Ibex (Iberdrola aumentó en un 29% sus beneficios hasta septiembre: 3.104 millones de euros). Montero, que también explicó la reducción de 5 puntos a los autónomos y de dos puntos a las Pymes en el Impuesto de Sociedades, sostuvo que el goteo de la derecha no funciona y que “este país se merece un debate fiscal serio”. “Nosotros defendemos un sistema justo y progresivo”, subrayó después de calificar de “prudente” el crecimiento del 6% de los ingresos previstos.

La ministra Montero mantuvo en el 2,1% el crecimiento de la economía frente a las previsiones a la baja de varios organismos nacionales e internacionales, subrayó la posibilidad de alcanzar los 21 millones de empleos y, aunque el dogal disciplinario de la UE sigue en suspenso, el déficit se reducirá al 3,9% en 2023 y un punto menos el año siguiente. En su exposición inicial y en las réplicas a la derecha, la titular de Hacienda incidió en el mensaje de que la subida de las pensiones (un 11,4% en términos globales) no perjudica a los jóvenes, como insisten en hacer creer PP y Cs. Desgranó el crecimiento de las partidas dirigidas a los jóvenes en educación, becas y cultura, así como otras de carácter social, y aunque señaló que vienen tiempos difíciles para la UE, definió el Presupuesto como “un antídoto frente a la desigualdad”.

En cambio, la portavoz del PP, Concepción Gamarra, las definió como “un salvavidas que pagaremos los españoles de hoy y las próximas generaciones. Con estas cuentas el Gobierno paga sus hipotecas con el independentismo con el dinero de todos”, dijo. Con el argumento de que solo sirven al “interés particular” del Gobierno y de su presidente Pedro Sánchez, pidió su devolución. Según Gamarra, “los Presupuestos nacen viciados, están desmentidos por la realidad y abocan a la recesión”.