El estrepitoso fracaso de la primera ministra británica, Liz Truss, en la formulación de la política económica de su país y su relevo fulminante ha despertado el vocerío en España de una manera sorprendente. Doctos e indoctos se han lanzado a esquematizar o, mejor dicho, a ridiculizar las propuestas fiscales de la expremier, aplicando el ascua a su sardina argumental contra cualquier bajada de impuestos en una crisis como por la que atraviesa nuestro país.

Algunos, los más audaces y casi con seguridad menos conocedores, hasta han llegado a desempolvar viejas teorías enviadas al baúl de los recuerdos. He leído y visto a algunos de ellos cachondearse de lo que con singular coincidencia y poco conocimiento denominaron el dogma de la curva de Lafer. Por supuesto no es ningún dogma y no creo que haya muchos que hoy se acuerden de una teoría fuertemente criticada por su endeble base teórica y por la inadecuación de sus resultados empíricos constatables en las reducciones de impuestos que a finales de los años setenta se produjeron en Estados Unidos. Estos hooligans de wikipedia podían haber leído un poco más sobre Feldstein, por ejemplo, pero eso parece pedir demasiado.

Coincidiendo con los días de la caída de Liz Truss y con mucha más sordina, tuvimos al alcance de las vista la cifra de la deuda de las administraciones públicas españolas (en términos del Protocolo de Déficit Excesivo). La cifra es mareante. Perdonen que la exprese así, como es 1.491.447.000.000 euros. Redondeando, billón y medio de euros. De eso se escandalizan pocos o casi ninguno. La mayoría prefiere obviarlo. Los que tiene que hablar de ello por obligación lo escamotean poniendo esta cifra en relación con el Producto Interior Bruto, que queda aparentemente muy aseadita. Tampoco les interesa mucho destacar que el crecimiento interanual de la deuda haya sido en agosto del 5,1 por ciento.

La deuda de Estado alcanza 1,3 billones de euros, con un incremento del 6,9 por ciento, frente al aumento registrado por las comunidades autónomas, que ha sido del 0,9 por ciento y de las corporaciones locales que anotaron un 0,8 por ciento de elevación. Estas cifra sitúan perfectamente dónde está el problema y quién lo protagoniza.

En este contexto de deuda, que solo en ocho meses ha crecido en 66.355 millones, la propuesta gubernamental más que expansiva, explosiva, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (en cualquiera de sus dos versiones) resulta temeraria. La situación de los socios europeos no es la mejor para forzar las costuras con nuestro derroche. Y la barrera de protección de las primas de riesgo que Bruselas nos ha concedido (y en la que ya ha tenido que intervenir) no podría aguantar la presión de  países como Dinamarca, Holanda, Suecia y, por supuesto, Alemania, en el caso de que puedan constatar la escasa o nula voluntad de reducir deuda el próximo año.

Al cierre del segundo semestre, la deuda total de la zona euro era de 12,10 billones de euros y la de la Unión Europea era de 13,1 billones. El 12,3 por ciento de la cifra de la Unión Monetaria y el 11,4 por ciento del conjunto de la Unión Europea, es deuda española. En ambos casos, el montante de la deuda se redujo. En España, creció.