El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha emplazado a los sindicatos al diálogo y añadió que hay elementos para alcanzar acuerdos «razonables» en el futuro, entre los que citó el desarrollo reglamentario de la reforma laboral o las políticas activas de empleo.

Gómez indicó, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que el Gobierno tiene en toda su política laboral una «actitud abierta», si bien matizó que esto no quiere decir «que se retracte y ponga patas arriba» la reforma laboral. «Hay todo un conjunto de iniciativas derivadas del desarrollo de la propia reforma, reglamentos y también nuevas leyes, y en ese proceso de desarrollo queremos el concurso de los agentes sociales», subrayó.

En cuanto a los resultados que está dando la reforma laboral, el titular de Trabajo dijo que se necesita tiempo para ver los efectos de la misma y, sobre todo, es preciso ver cómo responde el nuevo marco laboral cuando se produzca una situación clara de recuperación económica.

Gómez admitió que la reforma «no creará empleos por sí misma», sino que trata de crear las condiciones para que se pueda transitar más fácilmente desde el empleo temporal al indefinido y para que las empresas, cuando tengan dificultades, no recurran únicamente al despido, sino que puedan adaptar salarios o jornada laboral a las nuevas condiciones económicas.

«La reforma laboral no creará empleos por sí misma, pero tiene que ayudar a que tengamos en el futuro, cuando recuperemos el ritmo de crecimiento, menos dualidad laboral, menos temporales y más empleo fijo», reiteró.

La reforma no se hará por decreto

En materia de pensiones, Gómez volvió a explicar el calendario que se ha fijado el Gobierno, que pasa por que el Pacto de Toledo concluya su informe en diciembre para posteriormente, durante el primer trimestre de 2011, se pueda negociar la reforma con los agentes sociales. Después, el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley, nunca un decreto-ley, según quiso dejar claro el ministro.

Finalmente, sobre la reforma de las políticas activas de empleo, indicó que es preciso dar una atención personalizada a los desempleados y, al mismo tiempo, ofrecer un servicio a las empresas que ofrecen empleo. Además, apostó por «reorientar» los fondos que actualmente se destinan a políticas activas (7.500 millones de euros).

Lo que no parece que incluirá esta reforma, según explicó Gómez, es un endurecimiento de las condiciones para percibir la prestación por desempleo, ya que, según dijo, España ya cuenta con una legislación que penaliza el rechazo a cualquier oferta de empleo, a la no renovación de la demanda de empleo o a la ausencia de búsqueda activa del mismo.

130.000 actuaciones para que el parado busque empleo

Así, dijo que en el primer semestre del año los servicios públicos de empleo han realizado 130.000 actuaciones para procurar que el desempleado busque empleo activamente y, como consecuencia de las mismas, algunos de ellos han perdido su derecho a la protección o han visto suspendido este derecho durante un periodo de tiempo determinado.

«Ya se penaliza a los desempleados que no buscan activamente empleo», añadió Valeriano Gómez, para quien el problema de España no es que los parados no busquen empleo, sino que hay muchos desempleados y pocos nuevos puestos de trabajo para ofrecerles. «La política laboral no puede penalizar al desempleado sino ponerle condiciones para que pueda encontrar trabajo», concluyó.