La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo

David Zorrakino / Europa Press

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Grupo Popular en el Congreso, irá a juicio este miércoles, 2 de noviembre, por dirigirse a Pablo Iglesias en el año 2020 en sede parlamentaria como «hijo de un terrorista». Francisco Javier Iglesias, padre del ahora exvicepresidente del Gobierno, decidió en su momento denunciar a la política del PP al considerar que había sido vulnerado su derecho al honor.

Iglesias padre reclama una indemnización de 18.000 euros por daños morales, una petición que defenderá en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zamora, donde está previsto que se celebre el juicio contra Álvarez de Toledo. La acusada ya señaló en su momento que, «frente a la demanda del padre del hijo», defendería su derecho «a decir la verdad».

Uno de los argumentos esgrimidos por el demandante es que el ataque proferido por Álvarez de Toledo se realizó desde el altavoz público que le ofrecía su cargo como portavoz del Partido Popular en el Congreso, y con el objetivo de atacar a un adversario político sin reparar en que el afectado era una persona anónima, sin más interés mediático que el que le proporcionaba ser el padre del entonces líder de Unidas Podemos.

Precisamente, Iglesias hijo quiso defender en su momento a su padre de la acusación realizada por la representante popular: «Mi padre jamás fue condenado por terrorismo, sino por repartir octavillas contra Franco. Por tanto, la justicia va a condenar a doña Cayetana y a todos los jefes de PP y VOX que dijeron lo mismo», indicó en su cuenta de Twitter el entonces vicepresidente segundo del Gobierno después del incidente en el Congreso.

Ahora, será el juzgado el que decida si prospera la demanda de Francisco Javier Iglesias, en un proceso sobre el que el padre del exlíder de Podemos ha preferido no pronunciarse de forma pública hasta el momento.

Hay que recordar que, en 2019, Francisco Javier Iglesias ganó un juicio contra el ahora eurodiputado de Vox, Hermann Terstch, que le había relacionado con el asesinato de un policía en 1973. El condenado fue obligado a abonar 15.000 euros y a hacer público el contenido de la condena en su cuenta de Twitter.