El sistema democrático es en sí mismo un pacto. La Constitución por la que se rige nuestro país fue pactada, tras la dictadura, en el seno de una comisión parlamentaria capaz de resolver el dilema entre ruptura y reforma con el diálogo y el acuerdo. Antes incluso de tener esa Constitución, los mismos políticos fueron capaces de firmar, prácticamente en pleno, los Pactos de la Moncloa, que pusieron las bases de una recuperación económica imprescindible no solo por sí misma, sino como rampa de lanzamiento del propio pacto constitucional.

Así las cosas, ¿qué ha pasado para que a estas alturas los políticos hayan renunciado de plano a llevar a cabo pactos de alcance para un mejor devenir de nuestro país? Seguramente hay quién arriesgue respuestas sobre el porqué de esta incapacidad de paccionar. Algunas o la mayoría tendrían que ver con una desmedida utilización del poder que los ciudadanos delegan en sus representantes y, sobre todo, con la idea torpe, estúpida, de que todo pacto implica una cesión de ese poder que tanto gozo y fruicción les proporciona.

El espantoso ejemplo de miseria política que se ha cernido sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es el único tropiezo en la incapacidad de pacto de nuestra clase política, pero sí es el paradigma. Díganlo de una vez. No pactamos, podrían decir, porque enseguida, se podrá colegir quién ha salido ganando con el mismo y podrá fardar de ello como si de la victoria en una pelea de taberna (de esas tabernas que ponen en éxtasis a la presidenta de la Comunidad de Madrid) se tratase.

No puedo dejar pasar en este punto la palmaria ilegalidad en que han incurrido la presidenta del Congreso y el presidente del Senado en este asunto, que ni siquiera se han molestado en convocar sendos plenos de las cámaras, como exige la Ley Orgánica correspondiente, para que diputados y senadores, en el ejercicio de sus funciones y sin sometimiento a mandato imperativo, decidan la renovación o no del CGPJ.

Pero no trataba hoy de cernirme al hiriente caso del CGPJ en exclusiva. Quería hablar de otros pactos que nunca llegan. Muchos de ellos son, simplemente funcionales y no tienen un alcance de crisis constitucional. Son asuntos de importancia  para la vida de todos los ciudadanos sobre los que se viene renunciando a pactar en beneficio de la estabilidad normativa y en evitación de que cada turno político suponga un cambio radical de contexto para quienes se ven afectados por esas leyes.

El ejemplo más pernicioso, más lesivo para la ciudadanía es probablemente la ausencia de un pacto educativo (particularmente me gusta más hablar de enseñanza que de educación). Varias promociones de jóvenes han sufrido cambios profundos en el sistema que han distorsionado su formación académica por la incapacidad de los políticos para llegar a consensuar planes duraderos, estables, previsibles.

Se podrían citar muchos más casos, unos de carácter estructural, como el pacto del agua, para el aprovechamiento racional y equitativo de un bien escaso y mal distribuido; como el pacto del transporte y las comunicaciones, para evitar el aislamiento y subsiguiente empobrecimiento de poblaciones y la emigración forzosa de sus naturales; como el necesario pacto para la estabilidad de la financiación de las comunidades autónomas, que contribuya a articular el entendimiento de las administraciones entre sí y con la administración central, sobre la base de que ningún ciudadano tiene más derechos que otro, pero tampoco menos.

Se podría alargar la lista de las clamorosas ausencias de pactos a los que los políticos deberían sentirse obligados por mor de su condición de representantes de los ciudadanos (o del pueblo, que ahora vuelve a estar de moda hablar del pueblo).