Suele ir la ley con la lengua fuera detrás de la realidad, pero eso no resta importancia a la norma aprobada este jueves, 3 de noviembre, por el pleno del Congreso para impulsar y regular las llamadas “startups”. Más allá del anglicismo, la norma tiene incluso un nombre poético: “Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes”. Y se refiere básicamente a la creación y el impulso de plataformas digitales. Después de un proceso de consultas a los sectores económicos y sociales concernidos, el Gobierno remitió el proyecto al Parlamento hace un año y todos los grupos (menos la ultraderecha) han realizado sus aportaciones y mejoras, de tal modo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha intervenido desde su escaño para destacar el “trabajo leal” frente a los agrios debates en el Congreso. “Este es uno de los momentos más agradables”, ha dicho.

No es para menos si se tiene en cuenta que la norma está pensada muy especialmente para la generación de oportunidades de los jóvenes, la atracción del talento y la inversión en la economía digital. La ley considera startups aquellas empresas que sean innovadoras, de nueva creación o con una antigüedad de hasta 5 años en general, o de 7 años en el caso de empresas de biotecnología, energía e industriales; que tengan su sede social, establecimiento permanente y la mayoría del empleo en España; que no hayan distribuido dividendos y no sean cotizadas, y que tengan ingresos de hasta 5 millones de euros anuales.

Prevé un régimen fiscal favorable tanto para las empresas y sus inversores como para sus trabajadores. Para los primeros reduce el tipo impositivo en los impuestos de sociedades y sobre la renta de no residentes, permite el aplazamiento de la deuda tributaria sin garantías ni intereses de demora; suprime la obligación de efectuar pagos fraccionados y eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales. Se trata de allanar el camino en las fases iniciales de las startups para que puedan crecer, crear empleo altamente cualificado, retener el talento y aportar alto valor añadido. En este sentido se contemplan formas de remuneración mixtas, basadas en opciones de acciones sobre la propia empresa y se elimina la doble cotización a la Seguridad Social durante 3 años para aquellos emprendedores que mantengan simultáneamente un empleo por cuenta ajena.

También incluyen medidas para simplificar los trámites administrativos, reducir los aranceles de notarios y registros y, sobre todo, para obtener la financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, el Fondo Next-Tech, dispone de hasta 4.000 millones de euros para escalar y aumentar el tamaño de startups de tecnologías avanzadas o rompedoras (ahora les llaman “disruptivas”) y de un programa de ayudas para apoyar y financiar en sus primeras fases el emprendimiento liderado por mujeres. La Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, será la encargada de la acreditación de las empresas como startups para que puedan acceder a los beneficios establecidos por la ley, y habrá Puntos de Atención al Emprendedor y una Oficina nacional de Emprendimiento que funcionarán como portales o ventanillas de información y acceso a las ayudas públicas.

Quizá el principal reproche a una norma en teoría facilitadora del impulso digital y tecnológico necesario para ganar competitividad haya sido la dilación en presentarla y tramitarla. Y por una vez la critica no ha venido de la oposición de derechas sino del aliado PNV en forma de admonición de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban: “Si el Gobierno no espabila y actúa con rapidez corremos el riesgo de perder los fondos europeos”. O dicho de otro modo: no basta con ser el primer país de la UE en conectividad mediante fibra óptica; hay que utilizar con rapidez, rigor, eficiencia y control los recursos financieros.