Javier Barberá, presidente del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros.

El Consejo General de Mediadores de Seguros califica de «despropósito» el reglamento que prepara el Ministerio de Asuntos Económicos para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, ya que perjudicará a los pequeños negocios y disparará las quejas «al margen de su veracidad».

La nueva Autoridad supondrá la puesta en marcha de un mecanismo de resolución de controversias entre las entidades financieras y sus clientes. Este mecanismo será gratuito para los clientes, pero cobrará una tasa de 250€ a las entidades por cada reclamación admitida.

«Establecer una tasa de 250€ por cada reclamación que reciba un mediador, independientemente de su resolución, es una nueva forma de gravar la actividad de agencias y corredurías, aunque el importe lo abone la aseguradora», reprochan en el Consejo General, que agrupa a medio centenar de Colegios, que suman más de 7.000 agentes y corredores de seguros

La mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrarse que el mediador de seguros ha incurrido en ellas. «Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia», advierte el Consejo General.

«Estamos ante una nueva carga a la empresa de mediación sugerida por teóricos que desconocen la casuística del negocio pero que tienen una extrema habilidad en explicar cómo tienen que hacerse la cosas», subraya el Consejo General de Mediadores de Seguros en un comunicado.

Considera además una «paradoja» que «la Administración sea incapaz de perseguir las infracciones graves a la Ley de Seguros y de la Competencia, que afectan a todo el sector, y ponga especial cuidado en gravar la presentación de una reclamación».

La Autoridad nace con los objetivos de resolver las controversias que tengan que ver con servicios y productos financieros y de limitar la conflictividad. Hereda la labor que desempeñan los departamentos de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones (DGSFP), con mayores competencias.

Cobrar esa tasa de 250€ por reclamación presentada a la entidad cuestionada, y  emitirá resoluciones que serán vinculantes cuando el importe en disputa sea inferior a los 20.000€ (los fallos del Banco de España, CNMV y DGSFP no son vinculantes). En cualquier caso, las decisiones de la Autoridad podrán ser recurridas en los tribunales de lo Contencioso-administrativo.