El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) subraya deficiencias técnicas en la propuesta legislativa del gravamen a la banca que producen inseguridad jurídica, que han sido resaltadas por el dictamen del Banco Central Europeo.

El  investigador de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), Javier Santacruz, centra esas deficiencias técnicas en la definición del hecho imponible y la determinación de la base sujeta al impuesto.

Además, al no haber analizado en su conjunto el balance y cuenta de resultados de la banca, este experto avisa de la posibilidad de que una entidad sujeta al impuesto termine incurriendo en pérdidas de explotación, agravadas por una mayor dotación de provisiones obligada por el incremento de la mora, lo que terminaría provocando un impacto negativo significativo sobre sus niveles de recursos propios.

«Estaremos cruzando una barrera peligrosa como es la de provocar pérdidas en entidades, ya de por sí necesitadas de generar resultados positivos, al mismo tiempo que se fomenta una situación de rivalidad desleal», advierte Santacruz.

«El BCE señala una falta de coherencia entre objetivos presupuestarios generales frente a extraordinarios, cuando lo que debería suceder es que un impuesto extraordinario se dedique a una tarea extraordinaria muy concreta y medida en el tiempo, diferente a la de conseguir ingresos permanentes para reducir el déficit público», explica.

El miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha hecho hincapié en la falta de una memoria económica que mida si el impuesto genera problemas de solvencia y si afecta a la concesión de crédito y a la estabilidad financiera. «Hasta ahora, lo único existente es la afirmación en el proyecto de ley de que esta medida no supone un daño sobre estas variables, pero tal aseveración debe estar convenientemente sustentada en unas estimaciones y cálculos que de momento no se han hecho públicos», ha explicado.

El diseño del gravamen presenta «demasiadas lagunas y demasiado margen para la interpretación», que alcanzan incluso a Competencia, a la que «se ha encargado perseguir a las entidades que repercutan en precios el impuesto sin dotarles del instrumento de análisis adecuado para determinar si la subida de precios se debe o no al impuesto, algo de lo que ya advierte el BCE que no es posible tener».