Bastaría constatar el alborozo gubernamental con el anuncio de los cambios que propone la Comisión Europea en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para saber que la Comisión acaba de dar un paso en falso de un alcance difícil de prever.

El eje del cambio es la senda de gasto neto a medio plazo, sujeta a la deuda específica de cada país, con un horizonte a cuatro años, ampliables, con condiciones, a siete años y con cláusula de escape para situaciones excepcionales. Es decir, la Comisión, representada en este caso por el vicepresidente Valdis Dombrovski y por el comisario Paolo Gentiloni proponen dar al traste con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya importancia basta para explicarla el hecho de que supuso en su día nada menos que una reforma constitucional en España, la del Artículo 135.

La propuesta de la Comisión todavía tiene un largo recorrido por el Parlamento Europeo y por el Consejo y se puede esperar que sufra modificaciones sustanciales, incluso vetos radicales por parte de algunos estados miembros, es una esperanza a la que acogerse, pero no conviene confiar demasiado, porque la deuda se ha cronificado en muchos países.

En el segundo trimestre de este mismo año, había siete países cuya deuda se elevaba por encima del cien por cien del Producto Interior Bruto respectivo. Tres de ellos, pesos pesados, Italia, Francia y España. Los dos primeros, no obstante  marcan una senda de reducción, lo que no ocurre con nuestro país. Parece evidente que la argüida necesidad de flexibilización del Pacto de Estabilidad no significa lo mismo en cada país miembro. El resultado global de la Unión es que, en junio, la media de deuda pública era del 89,8 por ciento del PIB, prácticamente treinta puntos más elevada que lo que establecía el Pacto.

La idea de que sea cada país el que diseñe su propio plan de reducción de la deuda y del mantenimiento del déficit por debajo del 3 por ciento no creo que sea un exceso de ingenuidad por parte de los proponentes. La Comisión mejor que nadie conoce las diferencias enormes de criterio que existen en la Unión sobre estas materias y las reticencias, por no tildarlas directamente de oposición, de varios países a liquidar el espíritu del Pacto de Estabilidad y arrinconar su letra, siempre en beneficio de los más incumplidores y de los que han aprovechado las circunstancias calamitosas para fantasear con otros gastos menos justificables para los que no tenían dotaciones presupuestarias.

Acaso esos trece países cuya deuda está por debajo del límite del 60 por ciento del PIB, consideren que es poco ejemplar que se pongan límites y que luego se permita superarlos, en varios casos duplicando la deuda permitida, y que para más escarnio se propongan sanciones reducidas sobre las previstas y se confíe la ejemplaridad de las mismas al afeamiento de las conductas y al deterioro de la imagen exterior de cada país infractor, algo que a los gobiernos les da risa, porque son factores que ni por asomo afectan a las elecciones.

La Comisión Europea cree que los 13 billones largos de deuda de los países de la Unión no son por sí mismos capaces de deteriorar su crédito internacional y su fiabilidad. En un mundo convulso, inestable y en tensión, eso si que es una ingenuidad.