El Gobierno israelí ha admitido que su servicio de Inteligencia nacional, el Shin Bet, ha empleado bases de datos de compañías de telefonía móvil para vigilar las actividades de periodistas, así como otros profesionales capacitados para proteger información privilegiada, como médicos o religiosos, y en operaciones a veces solo tangencialmente relacionadas con la lucha antiterrorista.

Así lo ha hecho saber el Gobierno en respuesta a una petición formulada ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI), en la que solicita a la corte que elimine una cláusula de la ley que regula las operaciones del Shin Bet referida a su potestad de exigir a las operadoras que entreguen informaciones sobre llamadas o mensajes.

La ley, aprobada en 2002, ha sido criticada por su carácter semiclandestino dado que no está sujeta a escrutinio público, aunque el jefe del Shin Bet está obligado a pedir permiso al primer ministro y al fiscal general del país cada tres meses, y una vez al año ante un comité del Parlamento israelí (la Knesset).

El Supremo está analizando ahora la normativa dado que, a juicio de la ACRI, incurre en varios errores anticonstitucionales al suponer una invasión de la privacidad y al arrebatar a los periodistas, por ejemplo, su derecho a la protección de sus fuentes.

El Gobierno tiene ahora tres meses para informar al Supremo si decide enmendar o no la ley, informa el diario ‘Haaretz’, aunque el Estado israelí ya ha pedido al Supremo que desestime la petición bajo el argumento de que «esta recogida de datos es vital para las operaciones de la agencia» y «ya ha supuesto una ayuda esencial para desarticular ataques terroristas y salvar vidas».

Sin embargo, el Estado israelí ha admitido que estas peticiones se han aplicado a profesionales que gozan en muchas ocasiones de inmunidad o protección, como abogados, médicos o incluso religiosos. Y que ha recabado información unas cinco o seis veces al año durante la última década.

El Gobierno israelí garantiza que el Shin Bet se desentiende de las investigaciones en el momento en que percibe que no son de su competencia, la lucha contra el terrorismo.