Estos recortes se aplicarán a partir de la primera convocatoria del registro trimestral de preasignación a partir de la entrada en vigor del real decreto, esto es, a partir de la cuarta convocatoria de 2010.

El Ejecutivo espera que la reducción las tarifas reguladas que se introduce para las instalaciones fotovoltaicas suponga un ahorro de 607,2 millones hasta 2013, a razón de 141,5 millones en 2011, 202,3 millones en 2012 y 263,4 millones en 2013.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que el decreto aprobado forma parte de las «distintas normas» sobre renovables en las que trabaja el Ejecutivo, algunas de ellas «pactadas con el sector y otras no».

En la regulación de las renovables «hay un camino, no sé si largo, pero hay un camino a recorrer», afirmó Rubalcaba, antes de recordar que el decreto de la fotovoltaica ha sido objeto de una «tramitación lenta y compleja».

En un comunicado, el Ministerio de Industria explica que la nueva normativa fotovoltaica garantiza una «retribución suficiente para las instalaciones» y «atractiva para los promotores de nuevos proyectos», así como un retorno adecuado a las inversiones realizadas.

Junto a esto, Industria recuerda que el Consejo de Estado ha validado la legalidad de la norma y, recogiendo la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha considerado que la nueva regulación se ajusta a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

25 años de primas

Entre las novedades más destacadas del nuevo real decreto fotovoltaico figura una limitación a los 25 años de vida útil en el derecho a la percepción de prima equivalente.

Además, la norma recoge otras novedades dirigidas a mejorar la integración técnica de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración, así como simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de aplicación.

En suma, el Gobierno asegura que los objetivos principales del decreto son reducir costes, especialmente los de la energía fotovoltaica, en beneficio de los consumidores; mejorar la integración técnica de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración, y simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de aplicación.

La nueva normativa modifica tres reales decretos anteriores, que son el 661/2007, por el que se regula la producción de energía eléctrica en régimen especial; el 1110/2007, por el que se aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y el 1578/2008, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.