Patronal y sindicatos insistieron hoy en sus argumentos sobre las recetas para controlar la inflación, que dio un respiro en octubre, aunque sigue instalada en tasas muy altas, un 7,3%. Desde ambas orillas celebran el freno en la carrera de los precios. Pero ambas difieren respecto a las recetas a aplicar; los sindicatos piden un aumento de sueldos generalizado y un control de los precios de los combustibles; en tanto que los patronos llaman justamente a evitar los llamados efectos de segunda ronda, derivados de la persecución entre salarios y precios.

Los precios subieron tres décimas en octubre respecto a un mes atrás. Pero detuvieron su avance en tasa interanual, desde el 8,9% de septiembre, al 7,3% de octubre, según el dato definitivo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y la patronal CEOE coinciden en señalar una mala noticia: el desbocado incremento de los alimentos. Los más básicos, como las legumbres, los cereales, la leche o los huevos, siguen acelerando su tasa de crecimiento, y sobrepasan un 20% los precios del año pasado, en estos casos concretos; y un 15,3%, si hablamos del rubro más general de alimentos sin elaboración.

Una mala noticia que viene provocada por las consecuencias de la guerra en Ucrania, destacan ambos actores, que difieren sin embargo en la lectura de lo que está pasando en casa, en el mercado doméstico.

Para los empresarios, lo principal ahora es cortar de raíz todo intento de que los salarios entren en competencia con los precios. Una pretensión que es justamente la que desean en la central.

CEOE no dice que esta competición entre salarios y precios se esté produciendo —con una subida anual de los salarios del 2,64% —. Y CCOO lo niega de raíz, mientras acusa a sectores, como el eléctrico y su “ineficaz” sistema de formación de precios, y otros, como el refino y las gasolineras, de forrarse a costa de agujerear el bolsillo de los consumidores.

CCOO apunta al sector del refino de petróleo y a las gasolineras como los causantes de una parte de la subida general de precios. Y pide al Gobierno un control de precios, que impida el libre mercado y aplique un “precio máximo” a estos productos, garantizando a estas empresas un beneficio “pequeño pero suficiente”, recalca el gabinete económico de CCOO.

Diferencial positivo frente a la Eurozona

Otro indicador que llama la atención de ambas organizaciones es el índice de precios armonizado (IPC), que permite comparar el comportamiento de los precios entre los diferentes países que conforman la Eurozona; y, por tanto, los costes que soportan empresas en buena parte competidoras.

“En España se está frenando la inflación, mientras en la Eurozona sigue subiendo con fuerza. Las medidas adoptadas por España para controlar los precios energéticos, como el ‘tope del gas’, parecen estar dando sus frutos”, subrayan en CCOO.

En la Eurozona los precios subieron en octubre un 10,7% interanual, frente al 7,3% de España.

Los precios, un problema de nivel

Sin embargo, en España, el problema es que los precios han alcanzado niveles tan altos que convierten en inaccesibles determinados bienes y productos para una parte de la población, según CCOO, que pide ayudas automáticas, especialmente para el millón de personas que sobrevive sin rentas laborales.

“El problema de los precios no es solo de variación, es de nivel”, subrayan.

Además, CCOO recuerda que otros costes, como la subida “brusca” de tipos y los precios de la vivienda en propiedad, también merman el poder de compra de los salarios, aunque no estén incluidos en la cesta de la compra que se refleja en el IPC.

Por último, el sindicato recuerda que los salarios pactados en convenio subieron hasta octubre un 2,64% para ocho millones de trabajadores; si bien, destacan, hay todavía 3,4 millones de trabajadores sin renovar sus convenios; y que sufren, por tanto, una pérdida de poder adquisitivo todavía mayor.

Por ello el sindicato reclama la firma de un gran pacto de rentas, que incluya además de un acuerdo salarial con los empresarios, otras cuestiones como un pacto fiscal y un pacto energético, y un control de las rentas del alquiler de viviendas y locales comerciales.