Primero, hagamos desaparecer como delito la sedición. Y todos los que fueron condenados de acuerdo con esta figura penal, quedan liberados de su carga. Luego digamos que un delito de desorden público agravado equiparará la proclamación de la república de Cataluña y la declaración de independencia de Puigdemont con la quema de contenedores de basura en la Diagonal, y así podrán volver los valientes del maletero con toda tranquilidad y exigir a los jueces que les pidan perdón.

En segundo lugar, pero no menos importante, maticemos la malversación de fondos públicos, de tal suerte que si no hay enriquecimiento demostrado para quien perpetra el delito, no haya pena. Si hubiera alcance de bienes públicos, dejémoslo en una simple apropiación indebida, como si robar al común de los ciudadanos fuera como coger dos euros del monedero de mamá o llevarse un donut de más del supermercado.

Es decir, con esta nueva formulación, ¿para qué hacen falta los Presupuestos Generales del Estado y de las restantes administraciones? Si quien hace una ley en la que se compromete a gastar en determinados servicios, en determinadas actividades, ignora esos compromisos y, por ejemplo, destina el dinero para investigación a contratar examinadores de dietética canina para cualificar a los propietarios de mascotas, no pasará absolutamente nada, mientras la ministra del ramo no se quede con un euro; tampoco pasará nada si otro ministro de lo que sea dedica el dinero destinado a su departamento a comprar inyecciones de pentotal para que los encuestadores del CIS sepan de una buena vez qué piensan los españoles.

Con sendas proposiciones de ley, que eluden la responsabilidad del Consejo de Ministros, que obvian los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (ahora se explican muchas cosas sobre negociaciones y rupturas) la premonición berlanguiana de todos a la calle se va cumpliendo de la peor manera posible.

Los indultos son latosos, llevan tiempo y escandalizan cada vez que se aprueba un lote de ellos, sin contar con que el delito permanece y la condición de delincuente no se borra. ¿Cómo reinventar una amnistía con nombres y apellidos, todos del gotha gauche divine, para conseguir los mismos efectos? ¿Cómo acallar las voces que claman igualdad de trato para los nuestros de Andalucía que para los suyos de Cataluña? ¡Eureka!  Dejemos que la antigualla del Código Penal, quede sepultado por el polvo en un rincón de la biblioteca judicial.

Sabemos que de nuestras magnánimas reformas se van a beneficiar inevitablemente (o no) algunos de otros bandos, pero de esos ya nos hemos encargado de que sean muertos civiles antes de salir del trullo. Nunca falta un telediario o un informe semanal para hundirlos más y mejor, mayormente por estúpidos. Son tan carcas que ni siquiera hacen reformas pro domo sua.

 Cómo duele ver  Patxi López  tergiversando los argumentos para justificar la eliminación del delito de sedición. Cómo desconsuela escuchar a Margarita Robles argumentar sobre el defectuoso tratamiento legal de la malversación de fondos. Que haya una mayoría sumisa y acrítica con la pertinaz debilidad de Sánchez está en la naturaleza de la mediocridad de los ministros. Lo que desazona es que los pocos capaces se dejen llevar igual. Por el contrario, cómo alecciona que Javier Lambán, García Page o Fernández Vara alcen la voz contra tanta manipulación.

Esto se resume así. Si aceptas que te exijan amnistía, si los efectos de las reformas que haces son los de una amnistía, si los que te piden amnistía se muestran tan satisfechos ¿no estaremos ante una amnistía?