Cientos de trabajadores de la Seguridad Social se han concentrado este viernes en los jardines de Nuevos Ministerios, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), para denunciar la «caótica situación» del organismo, provocada por la falta de efectivos y el incumplimiento de los acuerdos de personal, según ha denunciado CSIF en un comunicado.

Los sindicatos lamentan el déficit de 7.000 puestos de trabajo que padece la Seguridad Social, con una plantilla de 25.000 personas, y señalan que esta falta de personal repercute en el servicio que se proporciona a la ciudadanía, con cierres de oficinas y retrasos en las citas.

Las previsiones apuntan a que en los próximos cinco años se jubilará el 28,5% de la plantilla de la Seguridad Social, y en diez años un 36,08% adicional. Esto equivale a dos tercios de la plantilla actual, lo que hace temer que «el organismo colapsará».

Los sindicatos advierten de que la situación ya es complicada, ya que esos 25.000 efectivos atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,4 millones de empresas, además de incapacidades temporales y otros trámites.

Los representantes de los trabajadores consideran que las soluciones que ofrece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la contratación de 1.615 interinos, no resolverá los «problemas estructurales» del organismo. Además, recuerdan que la resolución de un macro concurso con 12.000 participantes para casi 8.000 plazas ahora está comprometida y sin fecha de resolución por publicar, como señala CSIF en un comunicado.

CSIF también advierte de que la falta de personal en la Seguridad Social está entorpeciendo la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con una «inmensa bolsa de expedientes pendientes de tramitación».

Este sindicato considera que el denominado Escudo Social del Gobierno está «seriamente comprometido en uno de los peores momentos económicos» de los
últimos años en el país.

Por eso, reclama que los fondos europeos para la reconstrucción deben servir para «apuntalar los cimientos» de las Administraciones y garantizar los servicios públicos de calidad.