Antonio Garamendi
Jesús Hellín / Europa Press

Antonio Garamendi ha logrado revalidar su mandato al frente de la empresarial CEOE. Un triunfo claro, después de obtener el 86% de los votos en liza, frente al 14% de su rival Virginia Guinda, en el proceso de elecciones celebrado hoy en la patronal.

Garamendi, un empresario vasco llegado a la cúpula de CEOE en 2018, continuará cuatro años más al frente de la patronal. De los 789 votos posibles, Garamendi obtuvo 534; en tanto que su rival cosechó 87 adhesiones, a los que hay que sumar 14 votos en blanco y 8 votos nulos; y 146 abstenciones (el 18,5% del total).

La elección de Garamendi se produce después de un accidentado período preelectoral, en que Foment del Treball, la patronal catalana, logró presentar la candidatura de Guinda, con ánimo de capitalizar el descontento sobre el papel de CEOE en sus relaciones con el Gobierno y en torno al estilo de liderazgo, excesivamente personalista, que encarna para sus críticos Garamendi al frente de la gran patronal.

Sea como sea, lo cierto es que Garamendi ha logrado el apoyo de buena parte de los territorios, asociaciones y sectores que conforman la confederación empresarial. Y dispondrá de cuatro años más —en principio, los últimos, según estipulan los Estatutos de la organización— para encabezar la representación de los empresarios españoles.

Asuntos pendientes: pensiones, salarios.

Por delante tiene una extensa batería de asuntos, que centrarán la atención. En primer lugar la segunda parte de la reforma de las pensiones, que deberá afrontar decisiones de calado, como la modificación del período de cálculo de las pensiones; y otras reformas, como el Estatuto del Becario, y la negociación sobre el salario mínimo interprofesional (SMI).

Sobre este último asunto, el Gobierno parece decidido a elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio español. Y ha encargado para ello un dictamen a una comisión de expertos sobre la magnitud de la subida. Sin embargo, parece poco probable que los empresarios acepten el alza que les propone el Gobierno, que los sindicatos quieren fijar en un 10% —hasta los 1.100 euros, en catorce pagas; frente a los 1.000 actuales—, habida cuenta del efecto demoledor que la alta inflación está teniendo sobre los salarios.

Pero el asunto más candente, sin embargo, excluye la participación del Gobierno. Se trata de la mesa salarial, donde los empresarios se sientan a solas con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Y que hoy aparece en vía muerta, después de que en mayo la alta inflación terminara por certificar el desacuerdo.

Desde hace años, los empresarios y los sindicatos firman un acuerdo guía, que sirve para orientar la acción de las cinco mil mesas que firman cada año convenios colectivos. Una orientación que este año ha sido imposible, debido a la negativa empresarial a incluir en ese pacto la ligazón entre salarios e inflación.

Los sindicatos se muestran dispuestos a agitar los conflictos laborales allí donde haya un convenio colectivo pendiente de negociación. Y exigen que cada uno de ellos incluya ese vínculo entre los salarios y la inflación, mediante las llamadas cláusulas de salvaguarda.

Conflictividad creciente

Esta conflictividad se ha dejado sentir ya en sectores como el metal en Cádiz o en Cantabria, donde los negociadores pactaron importantes subidas salariales el pasado verano, y en otros territorios como Vizcaya con cuatro jornadas de huelga convocadas la próxima semana.

Los sindicatos denuncian una situación de bloqueo de la negociación colectiva. Y cifran de hecho que la mitad de los trabajadores de importantes sectores, como el comercio textil mayorista, con los salarios congelados, debido a la reticencia de los empresarios a la hora de renovar los convenios colectivos, que acumulan en muchos casos años de retrasos.

Sin embargo, en compañías, como Inditex, el entendimiento ha sido posible después de que la semana pasada ambas centrales acordaran subidas salariales notables, que, no obstante, no han impedido la convocatoria de huelga para este viernes por parte de una tercera central, la gallega CIG.

Otros sectores, como la consultoría y TIC, o los teleoperadores, amagan también con encender la mecha de la conflictividad, debido a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Una situación que, por ejemplo, en el caso de las consultoras, llevó al sector a la primera huelga de su historia el pasado mes de junio.

Sin embargo, los empresarios de CEOE niegan la situación de bloqueo, y alegan que los convenios se van renovando, si bien, admiten, que con más lentitud que otros momentos; una situación que atribuyen a la incertidumbre económica creada por la guerra en Ucrania, y su repercusión sobre el coste de la energía y los insumos.

Aun así, la celebración de las elecciones hoy en CEOE podría abrir una puerta a la esperanza de que empresarios y sindicatos se sienten de nuevo, y acuerden una fórmula que dé tranquilidad a las empresas y sectores, y reparta los costes de la elevada inflación.