Los costes derivados de las catástrofes naturales ocurridas en España en 2021 ascendieron a 3.600 millones€, de los que 2.320 millones estaban asegurados, según primer Barómetro Anual de Catástrofes 2021 de la Fundación Aon España,

Los 2.320 millones pagados en indemnizaciones aseguradas por estos fenómenos extremos han sido, en euros constantes, un 63% superiores a los importes pagados en 2020 (1.423 millones) y un 29% superiores a los de 2019 (1.800 millones), lo que hace
que 2021 se sitúe como el peor ejercicio de los últimos seis años.

En su primera edición, el Barómetro incluye el análisis de los 10 acontecimientos catastróficos más relevantes en función de su severidad y de su impacto en términos humanos y socioeconómicos. El informe facilita datos sobre el efecto en las infraestructuras críticas, mapas de localización, índices de resiliencia y vulnerabilidad, así como recomendaciones para actuar ante este tipo de acontecimientos de forma adecuada, con medidas preventivas y de autoprotección.

El coste asegurado en 2021 ha sido el mayor del periodo 2016-2021 debido especialmente a los daños provocados por la erupción del volcán de La Palma, que supuso la gestión de más de 10.000 expedientes, con un coste superior a los 230 millones para el Consorcio de Compensación de Seguros. Se trata de un siniestro volcánico al que nunca se había enfrentado el sector asegurador español.

Otros desastres, como la tormenta Filomena, las DANAS, el pedrisco, las
inundaciones o los incendios forestales, han contribuido a engrosar la factura económica, especialmente en último trimestre del pasado año.

Las catástrofes naturales provocaron que las empresas españolas dejaran de ingresar de forma directa en el pasado ejercicio alrededor de 1.500 millones. El 99% de
esta pérdida se concentró en actividades agrícolas y ganaderas.

El impacto negativo de los desastres producidos en 2021 en la economía española se elevó hasta los 1.126 millones, equivalente al 0,1% del PIB. Del total, unos 386 millones fueron de impacto directo y 740 millones de impacto indirecto e inducido sobre otras empresas de la cadena de valor. La contracción económica provocada por estas pérdidas se tradujo en la destrucción de 23.000 puestos de trabajo, la mitad de ellos en
empresas auxiliares de la cadena de valor de aquellas afectadas directamente por las
situaciones catastróficas.

El pasado ejercicio fue el de menor número de pérdidas humanas -19 personas-, el dato más bajo de una serie de 27 años analizados.