La plataforma de préstamo de criptoactivos y servicios financieros BlockFi ha registrado una solicitud voluntaria para acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras durante la reestructuración de su actividad, convirtiéndose así en la última víctima del sector tras el colapso de FTX.

BlockFi y ocho de sus filiales han comenzado el proceso de suspensión de pagos bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Nueva Jersey con el fin de estabilizar su negocio y tener la oportunidad de llevar a cabo una reestructuración integral que permita maximizar el valor para los clientes y otras partes interesadas.

En esta reestructuración la plataforma se centrará en recuperar todas las obligaciones que sus contrapartes deben a BlockFi, incluida la propia FTX y otras entidades asociadas, aunque asume que, debido al reciente colapso de esta, las recuperaciones se retrasarán.

«Con el colapso de FTX, el equipo de administración y la junta directiva de BlockFi tomaron medidas de inmediato para proteger a los clientes y a la compañía», dijo Mark Renzi de Berkeley Research Group, asesor financiero de BlockFi, expresando la confianza en que un proceso transparente logre el mejor resultado para todos los clientes y partes interesadas.

La firma ha confirmado que la actividad de la plataforma continúa suspendida, precisando que cuenta con efectivo disponible por importe de 256,9 millones$ (247 millones€), que se espera proporcione suficiente liquidez para respaldar ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración.

El pasado 11 de noviembre, la plataforma de compraventa de criptomonedas y otros activos criptográficos FTX decidió declararse en bancarrota para llevar a cabo de manera ordenada un proceso de evaluación y liquidación de activos en beneficio de las partes interesadas.

La solvencia de FTX había quedado en entredicho después de que su rival Binance decidiera dar marcha atrás en su intención de acudir al rescate de la plataforma, después de haber realizado la ‘due diligence’ y ante la apertura de investigaciones por agencias gubernamentales en Estados Unidos.