El Gobierno presidido por Pedro Sánchez no necesita oposición para arruinarse (políticamente). Lo hace muy bien solo. Los episodios nacionales se escriben hoy en los pupitres de la izquierda múltiple, que lo único que hace al unísono es votar, lo mismo da unos presupuestos que una despenalización de la sedición. Pero, en cuanto la presidenta del Congreso declara aprobada tal o cual cosa, empieza la rueda desesperada de portavoces para explicar lo que es obvio, que se han adherido al voto porque en ello les va la legislatura y todo lo que ello significa, sueldo y pensión generosa incluidas.

El penúltimo episodio de disenso y enfado (ruptura, nunca) lo ha provocado el nombramiento de dos miembros del Tribunal Constitucional, cuya coloratura política nadie puede negar, porque las biografías oficiales pueden escamotear algún hecho, pero al final, son las que son y nada ni nadie puede borrar lo que cada uno ha hecho y dicho, porque para eso no hay indulto que valga. Personalmente me parece vergonzoso. No que el Gobierno nombre a quien crea que va a ser más dócil a sus sugerencias, sino que haya personas que saben por qué y para qué se les nombra y lo acepten.

Quienes tenemos un respeto imponente por las instituciones constitucionales no podemos callar en estas circunstancias. Y mucho menos cuando se invocan antecedentes de otros partidos para justificar el desmán. ¿No era este Gobierno el que iba a desterrar para siempre la corrupción? ¿No era este Gobierno el que fardaba de borrón y cuenta nueva, de vamos a limpiar la vida política de indeseables? ¿El Gobierno no era una coalición progresista? Pues parece que no. Se consuela con hacer lo mismo que sus antecesores y creen que con ello convencen a alguien. Tengo para mí que en la partida de póker del mentiroso que jugaron Gobierno y PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, todos habían mentido. A las pruebas me remito. Todos querían lo mismo, manejar el cotarro judicial mediante envites de farol y la inclusión de cartas marcadas.

Pero las diferencias en el Gobierno, simultáneamente a los hechos descritos, han saltado ¡y de qué manera! con la enésima propuesta-rectificación de ese ministro (también en el Gobierno tiene que haber de todo, que es un Gobierno progresista) llamado José Luis Escrivá. Lo que ha negado sistemáticamente, a la hora de afrontar la reforma del sistema público de pensiones, ahora parece que es a lo que se ha comprometido con la Comisión Europea. Habrá ampliación del periodo de cotización hasta los 30 años (y yo añadiría, por lo menos) con posibilidad de descartar dos años menos favorables a los intereses del nuevo pensionista.

Esta medida ha puesto en pie de guerra a dos de los tres sectores del gabinete. Unidas Podemos y la outsider V2 lo consideran una traición. La única manera que tiene el quejumbroso ministro de aplacar a los compañeros de Gobierno es ofrecerles la bolsa de los empresarios. Es decir, ampliar hasta la extenuación la aportación de las empresas a las cotizaciones de sus trabajadores. Como los negociadores de la patronal ya tragaron con la última subido de cuotas, intentará otra maniobra del mismo tipo para salvarse de su propia inepcia y para poner vaselina de nuevo en las fricciones intragubernamentales. Una nueva escusa para tratar mantener la estafa piramidal del sistema, porque los viejos no acabamos de morirnos; los maduros despilfarran sus posibilidades de procreación y los jóvenes ignoran qué es eso de las cotizaciones, que ni aparece en la Xbox Serie X.

Mientras, una fría y densa niebla invernal empaña los balcones de la oposición sin remedio.