Las empresas de trabajo temporal, que son el más fiel indicador de la actividad, han dado la voz de alarma avanzando un claro retroceso en la contratación de las empresas para las campañas del Black Friday y Navidad. Caída que el director de Randstad Research, Valentín Bote estima en un 17%, lo que se traduce en 84.000 contratos menos, con una generación de 402.000 contratos frente a los 486,000 de 2021, año todavía afectado por las secuelas de la pandemia del COVID 19.

Alarma que se amplifica por la mayoría de los organismos internacionales y los servicios de estudios que hablan ya de un práctico estancamiento de nuestro mercado laboral durante el próximo ejercicio, con tasas de evolución que oscilan desde sólo el 0.6% de Funcas y la CEOE hasta la más pesimista de Mapfre que asegura que el año que viene no habrá creación alguna de puestos de trabajo. Y es en este escenario en el que el Gobierno se descuelga con una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) indexada a la inflación.

Subidas salariales, sí; pero con cabeza. Con esta receta respondía el reelegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al renovado síntoma de populismo salarial que infecta las políticas marcadamente electoralistas del presidente Pedro Sánchez y su ministra Yolanda Díaz, más preocupados por revertir la caída que les auguran las encuestas que por trabajar para recuperar la senda de crecimiento de la economía española y solucionar los problemas de pobreza, inflación, pérdida de poder adquisitivo y deterioro del estado de bienestar que sufren los ciudadanos españoles.

Una receta, la de Garamendi, que ha sido refrendada por el diagnóstico del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su reciente comparecencia en el Senado al requerir al Gobierno y a los agentes sociales a ser “cuidadosos” con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) además de instar a enmarcar ese aumento salarial en el pacto de rentas.

En un país como España que tiene al 26% de la población, 12,1 millones de personas, están en riesgo de pobreza y exclusión, con datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, y que lidera la tasa de paro de la Unión Europea, vincular las subidas salariales a la inflación sólo es generar pobreza y desempleo, como demostraba el informe del propio Banco de España sobre la elasticidad del empleo al incremento del salario mínimo en el que se concluye que el aumento del SMI a 1.000 euros mensuales en 2022 tuvo “un efecto negativo sobre el empleo y en particular sobre los colectivos de menor productividad”.

Las empresas españolas, especialmente las pymes y los autónomos, están asfixiadas por el aumento de los costes energéticos y de producción, la multiplicación de impuestos populistas y esquilmatorios, la subida de las cotizaciones sociales y la caída de las ventas, además de sometidas a un escenario de inseguridad jurídica por parte de un Gobierno que promueve tributos a la carta y leyes a la carta, penalizando la creación de puestos de trabajo, de riqueza y la inversión.

Situación esta que recogen los datos oficiales del Colegio de Registradores muestran que los concursos de acreedores -las quiebras de toda la vida-, presentados por las empresas han crecido un 30% durante el tercer trimestre de este año con respecto a julio-septiembre de 2021, hasta 3.108, subrayando en el informe que el número de empresarios que están en grave situación de quiebra o suspensión de pagos ha subido más de un 80% anual.

En la misma línea el Atlas Concursal 2022 elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE) alerta de un considerable repunte de los concursos de acreedores este año y el que viene, que llegarán a los 10.000 procedimientos y superarán el nivel de 2013, en plena crisis de deuda en la Eurozona. Mientras que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de España advierten ya de que la tasa de paro volverá situarse en el entorno del 13% en 2022, un punto por encima de las previsiones del Gobierno.

De hecho, si analizamos los datos de empleo en el pasado mes octubre, vemos que se han realizado un total de 1.524.139 contratos, lo que supone un 19,7% menos que en el mismo mes de 2021. Al mismo tiempo siguen siendo habitual los contratos de duración inferior a una semana que suponen el 20,03 % de todos los contratos realizados dos puntos más que en marzo fecha de la entrada en vigor en su totalidad la última Reforma laboral. Es decir, más de uno de cada tres contratos temporales es de menos de siete días.

Y esto no es demagogia, sino el retrato exacto de la realidad que debería obligar al Gobierno y a unos sindicatos mayoritarios domesticados, serviles, politizados y burocratizados a preocuparse más por la generación de políticas e instrumentos que impulsen la creación de empleo estable y de calidad que por incrementos salariales improcedentes en un contexto de inflación desbocada y recesión.