La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reclama la urgente implementación de la Ley Crea y Crece porque “aunque contiene medidas que contribuirán a mejorar los plazos de pago en nuestro país, por sí sola no soluciona el problema de la morosidad”. Su presidente, Antoni Cañete, asegura en la Asamblea Abierta, celebrada con la participación de representantes de los grupos parlamentarios, que la PMcM fiscalizará el correcto cumplimiento de esta normativa.

En un contexto como el actual (con la inflación disparada y una subida de tipos de interés que ahogan a las empresas y alientan la morosidad), datos de la Unión Europea
desvelan que una de cada cuatro quiebras se debe a las facturas impagadas, y Crédito y Caución cifra en 171.000 las empresas que ven amenazada su supervivencia por la morosidad. Por tanto «si no actuamos de manera urgente no podremos salvar a nuestras pymes y autónomos, pudiendo cerrar unas 200.000 empresas”, avisa Cañete.

Por eso se hace necesario que se apliquen de forma inmediata las novedades aprobadas en la Ley Crea y Crece. Especialmente, que se ejerza de forma previa un control de los pagos para acceder tanto a las subvenciones públicas (siendo necesario entregar un informe del auditor), como a la contratación pública. Porque no se está haciendo el control de pagos de los principales contratistas: de los 1.250 en los que se estaba obligado a comprobar los pagos de los contratistas a subcontratistas, tan solo 27 contenían la información pertinente.

La Plataforma exige la puesta en marcha lo antes posible del Observatorio de la Morosidad. Y que en el sector privado, donde se sabe que algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones€ por encima del plazo legal de pago (60 días), es “absolutamente necesario que la ley se acompañe de un sistema de multas a empresas morosas para así reducir el retraso de los pagos».

La PMcM también está trabajando en facilitarle a la Unión Europea información sobre
las malas prácticas habituales que continúan produciéndose en España, de cara a la revisión que está realizando de la Directiva Europea sobre morosidad.