Con la afirmación de que “es perfectamente normal y democrático” que el PP rechace a los dos magistrados propuestos por el Gobierno para formar parte del Tribunal Constitucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, capeó las críticas de la portavoz del partido conservador, Concepción Gamarra, por el perfil político de los designados, el exministro de Justicia del propio Gobierno progresista, Juan Carlos Campo, y la exdirectora de asuntos constitucionales y jurídicos del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez. Sánchez dio las críticas por amortizadas porque, según dijo, “el PP rechaza cualquier cosa que haga este Gobierno”, y reafirmó los nombramientos asegurando que “también es perfectamente democrático y constitucional defender la idoneidad de esas dos personas para tan alta responsabilidad”.

Claro que una cosa es que el Gobierno haya nombrado a dos personas de cuya imparcialidad hay que dudar por haber formado parte del propio Ejecutivo y otra que puedan tomar posesión y ejercer el cargo, pues inmediatamente el pleno del tribunal de garantías constitucionales que preside Pedro González Trevijano, perfectamente contaminado por el PP durante sus once años de rector de la Universidad (pública) Rey Juan Carlos, decidió no examinar ni dar su placet a los designados hasta que el Consejo General del Poder Judicial no realice su nombramiento. Y en este punto opera con gran eficacia el bloqueo del funcionamiento del CGPJ por parte de la mayoría conservadora y la negativa del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo a proceder a la renovación. De ahí que el presidente Sánchez haya tenido que apelar una vez más en el pleno del Congreso del último día de noviembre al bloqueo del órgano de gobierno de los jueces: “lo que no es democrático ni constitucional es bloquear la renovación del CGPJ y del TC y estar fuera de la Constitución”.

Como si el PP y el propio interesado no hubieran ocultado la militancia en el PP del que fuera magistrado y expresidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, durante el mandato de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, el líder Núñez Feijóo y su vicesecretario institucional, Esteban González Pons, se rasgaron las vestiduras por los nombramientos de Sánchez, o sea… Pons se adelantó al ultraderechista Abascal en tildar a Sánchez de Caligula. El eurodiputado dijo que a Sánchez “sólo le falta nombrar senador a su caballo”, aunque no era senador sino cónsul y sacerdote los cargos que el cruel y caprichoso emperador quiso otorgar a su caballo Incitatus. Y Feijóo se mostró preocupado por una deriva que “está poniendo en riesgo las bases constitucionales”, o sea…

De una expresión de Sánchez durante un reciente homenaje a la escritora Almudena Grandes en el sentido de que pasará a la historia por haber sacado de la basílica de Cuelgamuros los restos del dictador Franco se aprovecharon Gamarra y Abascal (el del caballo propiamente dicho) para imputarle los peores males. La portavoz del PP dijo que pasará por “rebajar las penas a los agresores sexuales, derogar la sedición y nombrarse a sí mismo magistrado del Constitucional”. Trufó sus afirmaciones con la petición de que cese de ministra a Irene Montero y con el dato de que el Constitucional tiene pendientes cinco causas contra otras tantas decisiones del Gobierno del que formaban parte los designados magistrados, lo que les obligará a abstenerse.

Abascal lo equiparó con Nerón y Calígula y añadió más razones para que Sánchez pase a la historia: “como el que indultó a los golpistas (catalanes) y el que incorporó filoterroristas al gobierno”. El jefe de la extrema derecha se refería a EH-Bildo, que gobierna en Navarra. Sánchez le replicó que la política del ultraderechista consiste en despreciar e insultar a las mujeres y lanzar insidias. Y a propósito de bulos, aclaró que las transferencias del control del tráfico de vehículos al Gobierno de Navarra no supone la retirada de la Guardia Civil, como han dicho –de hecho hay 1.581 guardias civiles en Navarra, 94 más ahora que hace cuatro años– y le afeó que su grupo no haya presentado una sola enmienda al Presupuesto para 2023. Y puesto que Gamarra también se interesaba por la política económica, Sánchez le aseguró que las medidas que adopta el Gobierno benefician a 47 millones de españoles, por ejemplo, en la caída de la inflación. Le puso varios ejemplos antes de concluir que, en cambio, el PP se alinea con el 2%, los más ricos.