El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital estima que la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá un coste anual de 21 millones€, según consta en el informe de impacto normativo y económico del proyecto de ley.

Este nuevo organismo absorberá los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Así, podrán presentar reclamaciones ante la autoridad las personas físicas o jurídicas que sean clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por cláusulas declaradas abusivas por los tribunales.

La Autoridad se financiará a través de una tasa de 250 euros que se cobrará a los bancos por cada reclamación que se admita contra ellos. Se trata de una tasa por actividad y servicios de forma que, además de contribuir a la financiación de la institución, incentivará que las entidades resuelvan las quejas de sus clientes de forma previa.

La Autoridad dispondrá de patrimonio propio, que será independiente del patrimonio de la Administración General del Estado. Cada año, elaborará y aprobará un anteproyecto de presupuesto, que remitirá al Ministerio de Hacienda para su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto de ingresos se realizará mediante el importe de los ingresos derivados de la recaudación de las tasas.

En el proyecto de ley de creación de la Autoridad, Economía señala que el total de reclamaciones anuales admitidas a trámite que podría atender rondará las 100.000 reclamaciones.

Teniendo en cuenta este volumen, unas necesidades de 250 efectivos (de los cuales 150 serían personas que atenderían las reclamaciones y el resto personal de apoyo y servicios comunes) y los gastos de inversión y funcionamiento asociados a las actividades de la Autoridad, el gasto anual estimado una vez incorporado el personal y en funcionamiento pleno ascendería a 21.075.450€.

Los gastos de personal se aproximan a los 15,68 millones para la cobertura de todos los conceptos retributivos vinculados de unos 250 trabajadores.

Por otro lado, se estima que los gastos de funcionamiento, gastos corrientes, bienes y servicios asciendan a 1,41 millones.

Más cuatro millones en gastos relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones y destinados a la creación de puestos de trabajo digitales, que contemplen tanto el trabajo en remoto como el acceso al puesto en movilidad, como parte esencial de la transformación digital en su conjunto, que en opinión del Gobierno «supondrá un avance sensible de eficiencia para la Administración y de flexibilidad y para en particular el nuevo organismo».

También se incluyen en este apartados gastos relacionados con una nueva plataforma de gestión de reclamaciones y tasas, nuevas infraestructuras en la nube y otras de comunicaciones.