La ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera va a dejarnos una forma de testamento como responsable de dicho cargo, que por el momento es un anteproyecto de Ley de Industria. Una vez leída la referencia oficial de dicho proyecto legislativo me he sentido de repente trasladado a aquellas lóbregas comparecencias de Laureano López Rodó, cuando nos anunciaba los planes de desarrollo. Incluso en algún momento de la referencia se habla de polos de desarrollo, terminología acuñada entonces.

A menos que de aquí a que se convierta en proyecto de ley se hagan las correcciones necesarias, tengo que decir que hacía mucho tiempo que no me encontraba ante un papel oficial de mayor contenido intervencionista que éste, salvo, seamos justos, algunas normas catalanas del mismo cariz. Todo él rezuma intervención, planificación (¿se acuerdan de aquello de la planificación indicativa que nos contaba el Ministro Comisario del Plan?), sospechas, sanciones y, muy especialmente, una melodía de fondo contumaz en la que el empleo y el desempleo parecen ser la única preocupación.

Cierto es que las primeras líneas aluden, como es tan frecuente en documentos de este género, a la libertad de establecimiento de empresas. ¡Cómo no! También a la libertad de circulación de productos industriales como garantía de la unidad de mercado.¡Faltaría más! Pero a partir de estos pronunciamientos, todo suena a intervención administrativa. Desde  el reforzamiento de la estructura de gobernanza, cuya pieza clave es la  creación de un Consejo Estatal de Política Industrial hasta la planificación estratégica de la actividad industrial.

Por si fueran insuficientes estos mecanismos, el anteproyecto de Ley habla del fortalecimiento institucional de los agentes y sistemas de gobernanza del ecosistema industrial, con el resabio autárquico de la soberanía estratégica industrial y la autonomía industrial de España. Por supuesto, el Gobierno central se reserva mecanismos de intervención propios, encomendados a la Escuela de Organización Industrial, la Empresa Nacional de Innovación y la Compañía Española de Reafianzamiento y, por descontado, la creación de un Registro Integrado Industrial. 

Pero como decía más arriba, la obsesión por las cuestiones del empleo, que parece el único motivo para hacer una ley industrial, lleva la intervención a la parodia. Las empresas deberán comunicar al Gobierno, con antelación incluso a los agentes sociales, cualquier decisión sobre reducción de empleo Y luego, deberán establecer, explorar fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos en el empleo y la manera de hacerlo es la creación ad hoc de una Mesa de Reindustrialización, en la que participarán los agentes sociales, los ayuntamientos en los que se encuentren asentadas las industrias, las comunidades autónomas correspondientes y no sé si hasta el obispo de la diócesis. Pero el Gobierno, sí.

El anteproyecto repite con insistencia que su objetivo es que aumente la inversión industrial (con lo que casi nadie puede estar en desacuerdo), pero no se olvida de fijar un sistema de infracciones que puede llegar a sanciones de 100 millones de euros, en lo casos graves. Su simple enunciado dudo que sea un estímulo para un inversor de buena fe.

El testamento intervencionista de Reyes Maroto en Industria puede adelantarnos qué tipo de gestión propondría para el Ayuntamiento de Madrid. Pobres capitalinos, verse obligados a elegir entre Martínez Almeida, Maroto Illera, Ortega Smith y vaya usted a saber quién más.