Cuando intentaron descubrir la rueda solo encontraron cuadriláteros. En aquellos tiempos, los servicios policiales paralelos montados por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, gran amigo del presidente Mariano Rajoy Brey, no encontraron ni un mal paso, ni una micra de corrupción que pudieran imputar a los altos cargos –alcaldes y concejales incluídos– de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para poder empapelarlos y echarlos de sus cargos. Con la entonces Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), la otra formación independentista, todo iba a pedir de boca, pues se hallaba embadurnada hasta las cejas, había triplicado el famoso 3% y Pujol y su amplia familia, el de “España nos roba”, era una máquina de amasar pasta. Pero a Oriol Junqueras, un hombre de números, y a sus subordinados de ERC no había por donde pillarlos.

El fracaso de la política con los independentistas catalanes que llevó al entonces presidente Rajoy a judicializar las relaciones con los gobernantes autonómicos, empeñados en saltarse a la torera la Constitución española, reclamaba otra manera de hacer las cosas, como bien entendió Pedro Sánchez Pérez-Castejón desde que alcanzó la presidencia del Ejecutivo. Restañar y recuperar la convivencia no era ni es tarea fácil. Y los pasos que ha dado y sigue dando tienen un coste político indudable para el PSOE. No hay más que escuchar a los barones autonómicos para enterarse. Sin embargo, la desjudicialización (o penalización si lo prefieren) de la política era y es una condición necesaria para la convivencia leal y democrática.

El coste para los socialistas –que como decía Arzallus, “están para sufrir”– de los indultos de los promotores del “procés” está sobre el plato de la balanza y el peso añadido de la reforma del Código Penal que se dispone a tramitar el Congreso en trámite de urgencia para reformular los delitos de sedición y malversación permitirá pagar de una vez los vidrios rotos por otros, precisamente por el PP. La fórmula presentada el 9 de diciembre por el portavoz socialista Patxi López para reformar el delito de “malversación” permitirá distinguir entre entre “corrupción” y “malversación” sin beneficio personal para el investigado y su parentela.

Para esto, los socialistas proponen la tipificación del “enriquecimiento ilícito” con penas de hasta tres años de cárcel e inhabilitación de dos a siete años para ocupar cargos públicos. El nuevo delito permitirá imputar a los cargos públicos hasta cinco años después de dejar el cargo en el supuesto de que hubieren incrementado su patrimonio por un valor superior a 250.000 euros y no pudieran justificarlo. Sostiene el exlehendakari López que la modificación ni beneficia a los corruptos ni está pensada para exonerar a Chaves, Griñán ni a los condenados por el referendum anticonstitucional en Cataluña. Pero si no malversaron pro domo sua resulta evidente que se beneficiarán de la nueva formulación.

En el otro plato de la balanza habrá que colocar el peso del desbarajuste institucional, la inestabilidad política, las protestas callejeras violentas, el coste económico y, en último extremo, dios no lo quiera, los daños humanos derivados del encono independentista. Por lo demás, muchos de quienes todavía llaman “golpistas” a los impulsores de un “procés” que nació en 2012 del impulso popular y creció gracias a la ambición nacionalista y a la estuticia no menos ambiciosa de los goberantes del PP, es que no habían nacido cuando Tejero y doscientos guardias civiles asaltaron pistola y fusil en mano el Congreso de los Diputados y el general Milans del Bosch sacó en Valencia los tanques a la calle.