Cuando quedan poco más de dos semanas para que concluya la vigencia de la normativa que permite al Gobierno impedir la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas, el Ejecutivo prepara una nueva prórroga, En principio la ampliación del control que se ejerce desde 2020, años antes existía la posibilidad de fijar la llamada golden share (acción de oro), se hará por dos años más, hasta 2024.

La norma establecerá lo que se considera sectores o activos que son claves para asegurar el suministro de productos o materias primas, así como el funcionamiento de la economía. De esta forma es posible que no se trate únicamente de la entrada en el capital con posiciones que puedan ser de control, también de determinados activos o negocios. Si bien queda claro que el sector relacionado con la energía y con determinadas infraestructuras serán objetivos prioritarios, el objetivo del Gobierno va a ser más «sofisticado».

Año y medio antes se trataba de impedir que cazadores de gangas se hiciesen con empresas que habían perdido gran parte de su capitalización bursátil, que afectó a energéticas, bancos o concesionarias, ahora viene argumentado por los problemas a los que Europa se ha enfrentado por la dependencia energética y la utilización por Rusia de las materias primas, energéticas y agrícolas, como arma de guerra tras la invasión de Ucrania.

La medida que irá al Consejo de Ministros antes de fin de año afectará a una operación, que pese a estar aparcada, no se ha descartado: la segregación de Naturgy en dos compañías. Es una transacción que es defendida por los fondos de inversión que son accionistas relevantes de la empresa energética. La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ya señaló que el Gobierno podría tener reticencias ante la división del grupo. La entrada del fondo australiano IFM ya fue objeto de un minucioso análisis por parte de varios ministerios, y ahora se trataría de la examinar una posible segunda parte.