El DOUE de 14 de diciembre publica una referencia al Informe Especial del
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 27/2022: «Apoyo de la UE a la
cooperación transfronteriza con los países vecinos – Se ha prestado un apoyo
valioso, pero la ejecución empezó con mucho retraso y es necesario resolver
problemas de coordinación».

Este informe está disponible en español y tiene 70 páginas. Este comentario
se basa en el comunicado de prensa en dicho idioma.

Los auditores prevén un futuro difícil para la cooperación transfronteriza
con los países vecinos

Según el informe del TCE, a pesar de algunas insuficiencias, los programas
transfronterizos con países vecinos financiados por la UE han proporcionado
en general un apoyo pertinente y valioso a las regiones situadas a ambos lados
de las fronteras exteriores de la UE. Sin embargo, los auditores también
advierten de que el contexto geopolítico actual con la invasión de Ucrania por
parte de Rusia afectará en gran medida a la mitad de los programas
propuestos en los próximos años.

La cooperación transfronteriza es un elemento fundamental de la política de
vecindad de la UE, que abarca dieciséis países a lo largo de la frontera exterior
de la Unión. Hasta hace poco, seguía siendo, además, uno de los escasos
ámbitos de diálogo continuo con Rusia. Para el período 2014-2020, se crearon
quince programas conjuntos con una contribución total de la UE de casi 1.000
millones de euros, que deberían beneficiar tanto a los Estados miembros como
a los países con los que comparten directamente una frontera terrestre o
marítima.

Los auditores constataron que los programas de la UE detectaron prioridades y
seleccionaron objetivos (que abarcaban desde el patrimonio cultural hasta la
lucha contra la delincuencia organizada) que se ajustaban a las necesidades y
los retos de las regiones fronterizas. El proceso de selección establecido era en
gran medida transparente y se había concebido para seleccionar los proyectos
más adecuados. Además, los auditores de la UE alaban el hecho de que los
programas se desarrollaran en general de forma participativa, lo que demostró
su utilidad para fomentar la responsabilidad a nivel local de los programas. Sin
embargo, la complementariedad con otros programas financiados por la UE fue
insuficiente, lo que pudo provocar que se perdieran oportunidades de lograr
sinergias.

A pesar de las acciones preparatorias, los programas para 2014-2020 se
pusieron en marcha con importantes retrasos y solo pudieron iniciarse en el
quinto o sexto año del período de financiación. Los proyectos auditados
estaban logrando los resultados previstos, pero algunos tenían una menor
dimensión transfronteriza que otros. El marco jurídico de 2021-2027 se basa en
la experiencia adquirida. Introduce modificaciones que simplifican la gestión de los nuevos programas y pueden ponerlos en marcha de manera más fluida. Sin
embargo, estas modificaciones entrañan una serie de riesgos suplementarios
que ponen de manifiesto la importancia de un estrecho seguimiento.

Como parte de una respuesta más amplia a la invasión, la Comisión Europea
suspendió los acuerdos de financiación para programas con Rusia y Bielorrusia
y adoptó medidas para reasignar financiación y apoyar así a los refugiados de
Ucrania.

La invasión también ha generado serias dudas sobre nueve de los diecisiete programas en los que se esperaba que participaran Rusia y Bielorrusia en el período 2021-2027. Esos nueve programas representan en conjunto casi un tercio de la asignación de fondos total prevista.

Entretanto, señalan los auditores, en el sur, el número de proyectos conjuntos entre Israel y los cinco países árabes participantes en la cuenca marítima del Mediterráneo
sigue siendo escaso, aunque su mera existencia pueda considerarse un éxito
en sí misma.

Información de referencia

De los quince programas de cooperación transfronteriza del período de
financiación 2014-2020, España solo participa en «Cuenca marítima del
Mediterráneo». Estos programas tenían tres objetivos estratégicos:

• – promover el desarrollo económico y social de las regiones a ambos
  lados de las fronteras comunes;
• – afrontar los retos comunes en materia de medio ambiente, salud pública,
  seguridad y protección;
• – promover mejores condiciones y modalidades para garantizar la
  circulación de personas, bienes y capitales.