El presidente de la CEOE Antonio Garamendi (d) y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Jesús Hellín – Europa Press

La patronal CEOE ha emitido hoy un duro comunicado en el que anuncia su intención de romper toda interlocución con el ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz, en caso de que no se rectifique el texto de la enmienda parlamentaria que recupera el control de la Administración sobre los despidos colectivos (ERE).

“Es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral”, aducen los empresarios este miércoles, después de conocer ayer la enmienda aprobada en el Congreso a la futura Ley de Empleo, que incluye la potestad de la Inspección de Trabajo de denegar un expediente de regulación de empleo (ERE) en caso de que la empresa incumpla las condiciones alegadas para realizar los despidos.

La enmienda deja en manos de la Inspección de Trabajo la posibilidad de validar o no un despido colectivo. Para ello modifica el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, relativo al despido colectivo, según recoge el texto de la modificación impulsada por EH Bildu y aprobada en la Comisión de Trabajo del Congreso, gracias a los votos de PSOE y Unidas Podemos.

El texto faculta a los inspectores de Trabajo a examinar que la documentación presentada por la empresa realmente se ajusta a las causas alegadas para plantear el despido colectivo, afirma la agencia Europa Press, que tuvo acceso al contenido de la enmienda.

Los inspectores deberán emitir un informe en el plazo máximo de 15 días, a la finalización del período de consultas del ERE; lo que, según EH-Bildu — los impulsores de la enmienda — supone recuperar la autorización administrativa de los ERE, que fue suprimida por el Partido Popular en su reforma laboral de 2012.

Inconstitucional, según CEOE

Sin embargo, para los empresarios, el texto legal es “contrario a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa”, al tiempo que contraviene la normativa europea que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria, afirman desde CEOE, que enarbola sentencias como la del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) de 21 de diciembre de 2016.

El enfado de los empresarios — que examinarán esta cuestión en su junta directiva el próximo 21 de diciembre — se traduce en una ruptura total de negociaciones con el Ministerio de Trabajo, con el que mantienen abiertas diversas mesas de negociación sobre asuntos del máximo interés, como el pacto de rentas, la subida del salario mínimo interprofesional o la futura ley del Becario, entre otras cuestiones.

“A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe”, subrayan desde la empresarial.

Control administrativo eliminado en 2012

Los empresarios recuerdan que el asunto del control administrativo de los ERE se situó sobre la mesa durante la negociación de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz en 2021, y quedó apartado de mutuos acuerdo “en aras del consenso”.

Recuperar ahora este asunto supone para CEOE una “traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral” e “invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable”, resaltan en el durísimo comunicado, que pide a Díaz una rectificación.

“Reponer el control de las causas en los despidos colectivos (ERE) es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral”, insisten.

La autorización administrativa de los ERE fue obligatoria hasta su eliminación por la reforma impulsada por la ministra ‘popular’ Fátima Báñez — hoy, presidenta dela Fundación CEOE – aprobada en 2012.

Aquella autorización en la práctica encarecía a los empresarios el coste de los despidos colectivos, puesto que la Administración solía aprobar todos los despidos colectivos que hubieran sido acordados por la empresa y los sindicatos; lo que suponía una baza en la negociación que la parte sindical aprovechaba para tratar de mejorar las condiciones de salida del personal despedido.